El sueño de ser dueño: cada vez menos familias tienen su vivienda

Según un informe de Idesa, sobre la base de datos del Indec, entre 2004 y este año se redujo en 5 puntos porcentuales la cantidad de familias propietarias de sus viviendas. En el mismo periodo, se registró una proporción similar en la suba de las familias que alquilan.

En el 2004, el 75% de las familias eran propietarias de su vivienda, mientras que en el 2020 se habían reducido al 70%. En aquel año, el 15% de los hogares alquilaba, proporción que subió al 20% en el 2020.

En tanto, en esos 16 años, los ocupantes legales e ilegales se mantienen en el orden del 10% de las familias.

“Estos datos muestran que las dificultades para el acceso a la vivienda propia vienen de larga data. En lo que va del presente siglo, lo que más creció son las familias que alquilan vivienda seguidas por las que ocupan”, indicó la entidad.

“La dificultad de acceso a la vivienda propia es un problema estructural que en un contexto de acelerado empobrecimiento genera las condiciones propicias para que se organicen las ocupaciones ilegales”, remarcó.

Las razones

Entre las razones que dificultan o bloquean el acceso a la vivienda propia, Idesa señaló lo siguiente:

“En los países bien organizados la vía natural de acceso a la vivienda propia son los préstamos hipotecarios de muy largo plazo (30 / 35 años). Con estos plazos, para la mayor parte de la población la vivienda es accesible porque los valores de las cuotas son razonables. Para las familias de muy bajos ingresos también hay acceso a la vivienda con préstamos subsidiados por el Estado para adaptar la cuota a la menor capacidad de pago.

En la Argentina, en cambio, el mercado hipotecario de largo plazo no existe debido a la inflación crónica. Este es un factor de alta regresividad ya que el acceso a la vivienda en base al esfuerzo propio termina siendo un privilegio de las familias de más altos ingresos.

El segundo factor que impide el acceso a la vivienda propia son las deplorables políticas sociales de viviendas. Por un lado, el Estado nacional –que no tiene competencias en materia de vivienda, ya que es jurisdicción provincial y municipal– históricamente ejecutó programas con mucha demagogia y baja eficacia. Ejemplo extremo se da en la actual gestión que se creó un ministerio nacional específico con la meta de construir 21.000 viviendas. Es decir, cubriría el 0,5% del déficit habitacional, si llegara a ser exitoso.

Las provincias, que son las responsables por solucionar el déficit habitacional, reciben, desde hace décadas, parte del impuesto a los combustibles de manera automática a través del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Pero una exagerada porción de estos fondos va a burocracia y corrupción.

Además, como el diseño y la administración son rudimentarios, las pocas familias beneficiadas (generalmente elegidas de manera clientelar) no devuelven el préstamo con lo cual se construyen muchas menos viviendas de las que se podría. Los problemas se potencian con trabas burocráticas que dificultan el desarrollo de infraestructura urbana y la registración de la titularidad de las propiedades.

El acceso a la vivienda propia tiene alta incidencia en la calidad de vida. Por eso, una política macroeconómica para desarrollar el crédito hipotecario de largo plazo y políticas de viviendas mejor diseñadas y ejecutadas son una poderosa herramienta de inclusión social. Seguir sin hacerlo, es alimentar la proliferación de delitos de ocupación ilegal”, finalizó el informe.