Edificio del Palermo: ¿Hay algo más en juego detrás de esta construcción?

Segunda parte

Escribe: Miguel Andreis

Todo hace suponer, que luego de la primera nota, donde se ponía sobre relieve lo que está aconteciendo con el edificio “AMALFI- PASEO DEL PALERMO”, que lleva adelante la constructora “EMPRESA FONTE” y, que sería parte de un fidecomiso, se ha ido convirtiendo en un tema de debate no solo de la ciudadanía, sino también de los profesionales involucrados o no en la obra, cuya construcción ahora está detenida por el municipio.

El inmueble en cuestión, llevaría sobre sí, la sospecha de contextos aún no transparentados. En esta oportunidad dialogamos con uno de los abogados que representa a un vecino del lugar que lleva adelante una serie de denuncias y solicitudes de informes. Nos referimos a Mario Destéfanis, quien contrató a los doctores Luis Caronni y su hijo Lisandro. Este último se explayó sobre la temática. Claro que no es el único habitante barrial que solicitó la asesoría legal, también en el mismo marco se encuentra el arquitecto Jorge Teobaldi.

Los profesionales contratados

El movimiento jurídico se puso en acción no solo con los profesionales locales que estuvieron accionando hasta el momento, sino que, el “Grupo Fonte”, quizás previendo una no simple contienda jurídica, apeló a la contratación de dos juristas, ampliamente conocidos: de Córdoba, el Dr. Miguel Ortiz Pellegrini, y el villamariense Dr. José Luis Bertoldi. La Municipalidad, que habría dado el visado para la iniciación de la obra, podría verse seriamente comprometida, en la opinión de diferentes jurisconsultos. Como en otras oportunidades y en otros tiempos.

El edificio en cuestión, que sería parte de un proyecto más amplio, se complementaría con 160 departamentos y cerca de 20 locales comerciales. El mismo se erige en el Barrio Palermo, sobre la Costanera, en la Avenida Salomón Gornitz, y las calles Garay y Córdoba.

Se trata de un negocio inmobiliario millonario, sin embargo, todo parece indicar, desde los interrogantes, que serían más de una las normativas incumplidas o, en todo caso, que la firma constructora no respetó, pero que igualmente habría contado con el visado municipal.

Más aún, apuntan que los errores provendrían del mismo Palacio Municipal y varios de los profesionales involucrados firmantes. Se han conformado dos comisiones para que analicen lo actuado y se expidan, una de profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Otra con funcionarios.

La entrevista con el Dr. Lisandro Caronni permite conocer intersticios que hasta el momento formaban parte de la historia oculta, que va, desde la legitimación del terreno unificado, hasta la violación de la línea de la Ribera Definitiva, que determina la APRHI, (Administración Provincial de Recursos Hídricos) en un documento público, hasta otros factores como lo es lo inundable de dicha parcela.

La imagen demuestra cómo la inundación de 2014/2015 cubrió el lugar donde hoy se encuentra levantado el edificio.

¿El origen de los hechos?

“En barrio Palermo, sobre la Costanera, en la intersección de las calles Garay y Salomón Gornitz se está construyendo un edificio con varias decenas de departamentos, una veintena de locales comerciales, cocheras… Lo primero que nos pide nuestro representado, Mario Destéfanis, es conocer el estado de la usucapión, se trata de un terreno de más de 6.100 metros, cuya cotización sería de varios cientos de miles de dólares.

Hay otros vecinos también involucrados en conocer cómo se llevó adelante la operación que tiene como cara visible a la empresa Constructora Grupo Fonte. Dicho inmueble fue adquirido mediante dos juicios de usucapión, cuyas sentencias se dictaron en los años 2007 y 2012. Posteriormente los recibió el fideicomiso que tiene actualmente a cargo la obra. Representando a quien nos contrató, decidimos tener acceso al expediente de la usucapión, a los efectos de estudiar si el acto estaba bien formalizado y enmarcado dentro de la Ley y, observar si eventualmente nos posicionábamos en condiciones de realizar algún planteo judicial”.

Contradicciones por la usucapión

“Una vez que nos presentamos en el Tribunal, se nos informó que el expediente se encontraba prestado, que los tenía en su poder un abogado del foro local, Eduardo Menard. Accediendo a nuestro pedido el Juez, con fecha 31/07/2018, intimó al colega en cuestión para que le restituya el expediente. Seguidamente y a los pocos días, el abogado se presentó en el Juzgado, haciendo saber que el expediente se lo había entregado a su clienta (Alcira del Valle SPILA), destinataria de la Usucapión y que la misma le expresó que se lo había entregado a una tramitadora para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

El 13.08.2018, el Juez le requirió a la señora, Escribana SPILA, que manifieste el nombre y domicilio de la tramitadora. Requerimiento judicial que no fue cumplido. 

Posteriormente, el Juez de Primera Instancia, Flores, no accedió a nuestro pedido, de que el Oficial de Justicia concurriese a oficiar un allanamiento a los domicilios pertinentes (de la Señora Spila y de su abogado) a los efectos de buscar la supuesta documentación extraviada.

Por tal motivo recurrimos dicha decisión en apelación, y la Cámara de Apelaciones, en lo Civil, Comercial y de Familia de esta Cuidad, accedió a nuestro pedido (Auto N° 140, del 02.10.2018), revocando la denegatoria del Juzgado y le ordenó que debía proveer favorablemente a nuestro pedido de retiro del expediente por apremio”.

¿Se cumplió con lo peticionado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial?

“Se dio una situación inesperada por nosotros. Antes de que se realicen los allanamientos ordenados, el día 13.11.2019, la Dra. Alcira Spila, se presentó espontáneamente ante el Juzgado, para expresar que en realidad el expediente se le había extraviado, y a los pocos días presentó nuevamente en el Juzgado, una exposición policial por extravío del documento en cuestión, efectuada el 25.11.2019”.

¿Lograron hacerse de las constancias de usucapión?

“En concreto, no. Nosotros entendíamos que parte de los terrenos de la usucapión, se podrían corresponder con el trazado de dos calles del barrio (Matheu y Uspallata) y a un lugar destinado para una plaza barrial (entre otros motivos). Las dudas sobre dónde se encuentran las citadas arterias, están vigentes.  Además, considerando que los expedientes son públicos, y que, como representantes legales de un vecino, tenemos derecho a acceder al mismo para consultarlo, es lo que propulsamos.

Por tales razones, pretendíamos hacernos del instrumento, para estudiarlo, y eventualmente -en caso de así entenderlo y decidirlo- recurrir a la Justicia si nos considerábamos con algún derecho. Lo real es que hasta el momento materialmente no hemos logrado acceder al mismo”.

La pregunta que nos sobrevuela, si todo está en orden, es difícil de explicar que algo de tanto valor se pueda haber extraviado. Además de la documentación que referencias, ¿qué elementos no estarían cumplidos para que la Municipalidad autorizara su construcción?

“Se trataría de un terreno inundable, lo que, de por sí, no se debería permitir su uso para obras, tampoco conocemos que se haya hecho el elemental estudio de Impacto Ambiental; y lo otro es que el mismo se enclavó sin respetar la ribera definitiva que la da el APRHI, (Administración Provincial de Recursos Hídricos), el ente rector en la materia.  

Por encima de ellos, en el orden provincial, no hay nadie. Por lo tanto, la empresa del Grupo Fonte, comenzó a construir una obra privada en un espacio público. Así de simple. La línea debe tener 34 metros, entre la demarcación del río y el comienzo del inmueble. Aquí eso no se cumple”.

¿Se trata de uno o dos terrenos en usucapión?

“Entiendo que son dos juicios de usucapión, uno donde se enclava la parte principal del edificio y otro atrás. Con sentencias en distintos años. Uno sobre la costanera y el otro es colindante. Lo que hicieron después fue unificar ambos lotes de las usucapiones”.

“Que nos demuestren que obraron en el marco de la Ley”

“Lo que nosotros buscamos, es la certeza de que todo esté en el marco de la ley, tal lo solicita nuestra representado. Tenemos nuestras dudas que deberán ser definidas por la propia Justicia. A nuestro entender no se respetarían las normativas elementales para una construcción”.

¿Quién les avaló los planos para la iniciación de la obra?

“La Municipalidad y profesionales del área. Queremos que nos muestren todos los expedientes presentados, por ejemplo, aparte de los factores enumerados que no se cumplen, también, como lo señalamos más arriba, hay trazados de calles que habrían desaparecido. Algo curioso que abre dudas. Los planos fueron visados por el municipio y sus responsables…”.

¿Qué ocurriría si se habilita el edificio, se da una nueva inundación, y los propietarios se sienten perjudicados, contra quién o quiénes pueden accionar legalmente?

“Entiendo que contra la empresa del Grupo Fonte, que tiene responsabilidad técnica, pero tal vez se la apunte mucho más a la Municipalidad, que es la garante de dar la habilitación y debe velar por el cumplimiento de las normativas establecidas. En cuanto a lo dictaminado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), es terminante, no se puede construir en una línea que no corresponde y pone en riesgo lo allí plantado”.

Hay dos comisiones trabajando en el tema, una de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, que se expresarán en los próximos días, y otra, de funcionarios municipales e invitados a formar parte de la misma. Tales resoluciones pueden ser fundamentales para lo que la justicia defina.

El lugar donde se levantó el inmueble cuestionado.

Mucho es lo que se pone en juego. Intereses empresariales y enorme cantidad de dinero, pero además dejan puertas abiertas a la incertidumbre sobre lo que venga desde el momento del fallo en adelante.

No queda exento que, debido a las sospechadas anomalías, se paralice la obra, o decidan a que se continúe.  Lo que llevaría a derivar el litigio a otro plano judicial. Tampoco queda descartada que la Municipalidad deba afrontar una querella de parte de la empresa fiduciaria o de los vecinos. En ese margen, la Comuna, podría caer, o no, bajo un nuevo pleito.

Vale preguntarse:

¿Se arriesgará la Comuna a poner en juego nuevamente pérdidas millonarias para las arcas municipales, donde casi nunca los gobernantes se hacen cargo de su accionar? Claro, que también los jueces podrían entender que todo se ha hecho bajo las reglas establecidas.

Hay una larga historia en nuestra ciudad sobre lo que ha implicado la especulación de las tierras urbanas. Los negociados que se hicieron con la mismas y en no pocos casos con la complicidad del poder político. Posiblemente no se trate de este caso. Eso lo dictaminará la Justicia.

Ahora, si las denuncias de los querellantes son corroboradas, tal vez sea hora de que se comience a poner en ejecución una de las definiciones de la Carta Orgánica Municipal, donde indica algo como que, el funcionario de turno, deberá avalar con su propio patrimonio, peculio, el daño que económicamente se le cause a pertenencias del patrimonio de los villamarienses.

De darse un fallo en contra de los vecinos demandantes, podría sentarse jurisprudencia sobre lo reglado en cuanto a los espacios públicos usados con fines privados, transformando en letra muerta la Ley que rige sobre la materia.

Otro tema, es el de los terrenos usucapidos. ¿Hay un control estricto sobre la materia y quién tiene a su cargo dichos seguimientos?

Por último, una obra de semejante magnitud, tal algunos especialistas, podría llevar a un serio riesgo a los habitantes del lugar a quedarse con un mal nivel de los servicios públicos, léase cloacas, aguas corrientes, gas, energía eléctrica…  Vale interrogarse: ¿Todos esos factores fueron tenidos en cuenta?

Solo resta esperar, todo permite suponer que no se tratará de un juicio más… No solo lo económico es lo que se ha puesto en juego. No solo eso.

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