<\/p>\n\n\n\n
La discapacidad no es una enfermedad sino una condici\u00f3n. Esta condici\u00f3n plantea a los afectados una serie de necesidades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n
Si bien la discapacidad comprende situaciones muy heterog\u00e9neas, los principales servicios especiales que puede requerir son la rehabilitaci\u00f3n, la educaci\u00f3n especial y la asistencia para la vida cotidiana que, en los casos m\u00e1s complejos, involucra la adaptaci\u00f3n de la vivienda, alimentaci\u00f3n y transporte especial y asistencia de personal especializado.<\/p>\n\n\n\n
Para muchas familias con un miembro del hogar con discapacidad el acceso a estos servicios plantea enormes desaf\u00edos.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La Argentina tiene la peculiaridad de que el suministro de estos servicios se asign\u00f3 al sistema de salud. En 1997, la Ley 24.901 defini\u00f3 las prestaciones espec\u00edficas para la discapacidad y estableci\u00f3 que las obras sociales est\u00e1n obligadas a suministrarlas a sus afiliados.<\/p>\n\n\n\n Luego, en el 2011, en la regulaci\u00f3n de las prepagas, se estipul\u00f3 la misma obligaci\u00f3n para las prepagas. Como ocurre con las prestaciones m\u00e9dicas, para quienes no tienen seguro de salud queda impl\u00edcito que la cobertura queda a cargo de los efectores p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n La discapacidad se acredita legalmente con el Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD) que otorga la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ese certificado genera el derecho a recibir las prestaciones espec\u00edficas de la discapacidad.<\/p>\n\n\n\n Crecimiento<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan informaci\u00f3n publicada por la ANDIS, la cantidad y la evoluci\u00f3n de las personas con CUD en Argentina es la siguiente:<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Estos datos muestran que el crecimiento de la cantidad de personas con discapacidad acreditada viene mostrando un enorme crecimiento en la \u00faltima d\u00e9cada. Representan m\u00e1s del 3% de la poblaci\u00f3n total, lo cual no es una fracci\u00f3n despreciable.<\/p>\n\n\n\n Suministrar las prestaciones especiales de la discapacidad implica un desaf\u00edo complejo de financiar y gestionar. Por eso, para los seguros de salud \u2013que no son entes especializados en gesti\u00f3n de servicios de discapacidad\u2013 se han convertido en un factor de desestabilizaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n Conceptualmente, las discapacidades severas son de baja incidencia entre la poblaci\u00f3n total, pero de muy alto costo.<\/p>\n\n\n\n Como las prestaciones espec\u00edficas de la discapacidad no son prestaciones m\u00e9dicas, en los pa\u00edses bien organizados el Estado \u2013con entes especializados\u2013 cofinancia a las familias estas prestaciones con un orden de priorizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, en Uruguay esta funci\u00f3n la cumple la Comisi\u00f3n Nacional Honoraria de Discapacidad y en Chile el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS).<\/p>\n\n\n\n Falta de respuestas adecuadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n En Argentina, en cambio, esta cobertura es otro testimonio del voluntarismo y la demagogia con que se abordan temas de alto impacto social. Para la gente con seguro de salud se apel\u00f3 a la simplista receta de ampliar el Programa M\u00e9dico Obligatorio (PMO).<\/p>\n\n\n\n Imponer derechos sin mecanismos apropiados de financiamiento y gesti\u00f3n deriva en permanente conflictividad. Las personas enfrentan muchas dificultades para acceder a las prestaciones y es frecuente que tengan que acudir a la Justicia.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n es peor a\u00fan para las personas sin seguro de salud. La misma ley que le impone la obligaci\u00f3n a las obras sociales y prepagas (Ley 24.901) estipula que, para las personas sin cobertura de salud, el Estado (gen\u00e9ricamente) brindar\u00e1 las prestaciones en la medida que las personas no puedan afrontarlas.<\/p>\n\n\n\n Esto da pie a otra superposici\u00f3n entre un organismo nacional (ANDIS) con las secretar\u00edas provinciales y municipales de discapacidad. El desorden sirve para expandir la burocracia y diluir responsabilidades, pero no para dar una respuesta apropiada a la gente sin cobertura.<\/p>\n\n\n\n El resultado es una larga y demag\u00f3gica enunciaci\u00f3n de derechos que en la mayor\u00eda de los casos resulta muy dif\u00edcil o imposible de ejercer.<\/p>\n\n\n\n Una respuesta socialmente eficaz exige salir de la mediocre y c\u00f3moda actitud de agregar derechos al PMO sin reparar en c\u00f3mo satisfacerlos.<\/p>\n\n\n\n Esto lleva a la necesidad de asignar fondos p\u00fablicos espec\u00edficos para la discapacidad para todos los argentinos con y sin cobertura. La gesti\u00f3n debe estar exclusivamente a cargo de los organismos provinciales que deben priorizar en funci\u00f3n del nivel de complejidad de la discapacidad de cada persona.\u00a0<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/elregionalvm.com.ar\/noticias-villa-maria\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/discapacidad-silla-de-ruedas-atencion-medica.jpg?resize=1024%2C631&ssl=1\")
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