[Opinión] Fraude laboral y desfinanciamiento: El escandaloso modelo de precarización en Córdoba

Detrás de la prolija fachada de modernización que exhiben los gobiernos provincial y municipal de Córdoba, se esconde una realidad alarmante: la consolidación de un sistema de precarización estatal que no solo vulnera los derechos más elementales de miles de trabajadores, sino que empuja al abismo a las instituciones previsionales y de salud de la provincia.

Escribe: Abogado Carlos Cafure

Hoy, el Estado cordobés se ha convertido en el principal empleador en negro.

Bajo un abanico de figuras elusivas —monotributistas, becarios, pasantes, «servidores urbanos» y chalecos de diversos colores—, miles de personas sostienen el funcionamiento de la Municipalidad de Córdoba en condiciones de inestabilidad absoluta, replicándose este esquema de manera masiva en las dependencias del Gobierno provincial.

Esta masa de trabajadores cumple tareas idénticas a las del personal de planta, pero con una diferencia dramática: no realizan aportes.

Al consolidarse este fraude laboral, se asesta un golpe devastador y directo a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, profundizando su ya crónico déficit.

Paralelamente, el sistema de salud se desangra; al no aportar a la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), se desfinancia la obra social que debe garantizar la cobertura médica de los cordobeses.

Para peor, el avasallamiento es institucional.

Desde hace años se encuentran suspendidos los concursos públicos y los ingresos por bolsas de trabajo convencionales.

Tampoco hay ingresos por cupo laboral para personas con discapacidad.

Ámbitos emblemáticos como la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), en Córdoba ya se acumulan casi una década sin cubrir cargos vacantes, congelando de forma arbitraria la carrera administrativa.

¿Dónde está la Secretaría de Trabajo provincial para frenar este atropello a los derechos laborales de los trabajadores?

¿Acaso ningún otro organismo puede intervenir, como por ejemplo la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia?

Se ha instalado, bajo el amparo estatal, una suerte de explotación laboral encubierta que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y termina haciendo que los ciudadanos paguen dos veces por el mismo trabajo: una para financiar estructuras paralelas y otra para subsanar los parches económicos de los entes vaciados.

Ante este escenario escandaloso, el silencio es complicidad.

Resulta urgente y obligatorio que la oposición política, el Tribunal de Cuentas, el interventor de la Caja de Jubilaciones, el Defensor del Pueblo y los organismos de Derechos Humanos abandonen la pasividad.

Es hora de actuar en consecuencia y poner un freno institucional a este modelo de explotación laboral, que destruye el empleo digno y rifa el futuro previsional de Córdoba.