Córdoba ya tiene Ley Antibúnker

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la Ley Provincial N.º 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que establece un nuevo marco legal para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas o que representen un riesgo para la seguridad pública.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención y recuperación de propiedades que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito.

Además, contempla la posibilidad de actuar sobre inmuebles abandonados o deteriorados cuando representen un peligro para la comunidad, aunque aclara que el simple hecho de estar desocupados no será motivo suficiente para una intervención.

Medidas que podrán aplicarse

Entre las acciones previstas por la ley se encuentran:

• Tapiado y cerramiento de inmuebles.
• Clausura provisoria.
• Bloqueo de accesos.
• Custodia preventiva.

Otras medidas para impedir que los espacios continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.

Estas intervenciones tendrán un carácter preventivo y temporal, con una duración inicial de hasta seis meses, prorrogable si persisten las causas que las motivaron.

Más herramientas para combatir el narcotráfico

La ley también modifica la normativa provincial sobre lucha contra el narcotráfico para permitir que los fiscales especializados soliciten a la Justicia medidas destinadas a poner fin al funcionamiento de un búnker.

Entre ellas se incluyen la clausura del inmueble, el aseguramiento de la propiedad, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilegal y, en casos excepcionales, la demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante una resolución judicial.

Crean nuevos organismos y destinan recursos a la FPA

La normativa crea además la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que coordinarán acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los municipios.

En cuanto a los bienes decomisados en causas de narcotráfico, la ley establece que el dinero obtenido por su venta será distribuido de la siguiente manera:

• 60% para fortalecer el equipamiento, la tecnología y la logística de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
• 40% para financiar programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

Además, los vehículos y otros bienes secuestrados podrán ser asignados judicialmente a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para reforzar sus tareas operativas.