[Miradas] El espejismo de la libertad…

En la Argentina de estos días, la palabra «libertad» se ha convertido en el estandarte de la política oficial y también de una buena porción de nuestra sociedad que se autopercibe “libre” para elegir, aunque encadenado para elegir lo elemental: su identidad.

Escribe: Félix Vera

El relato que domina la escena propone una máxima autonomía individual, un retiro del Estado de la vida privada, bajo la promesa de que la mínima intervención estatal es la llave de la prosperidad y la felicidad social.

Se invoca constantemente el Principio de No Agresión de la filosofía libertaria. Pero parece que esa “libertad irrestricta” solo aplica en los aspectos económicos, nada más.

El concepto de libertad que se ventila y promueve no aplica para las libertades conquistadas que permiten a las personas llevar adelante su proyecto de vida sin interferencias del Estado.

Esta alta declamación para la tribuna sobre la libertad enfrenta una contradicción que no puede y debería ser ignorada por la sociedad.

Esto se hace palpable la contradicción en el ámbito de la identidad de género, un derecho fundamental ya establecido para todos los ciudadanos.

La Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en 2012, constituyó un hito de vanguardia global. Sí, global.

Esta ley, que consagra el derecho a la identidad autopercibida, permite la modificación de nombre y sexo en los documentos sin requerir patologización ni diagnósticos médicos. Su espíritu es el del libre desarrollo personal y el trato digno.

Garantiza(ba), además, la cobertura de tratamientos de adecuación corporal en el sistema de salud. En esencia, la ley es un grito de «libertad de ser» que emanó de la voluntad popular a través de sus representantes, o sea, de los propios ciudadanos.

Sin embargo, en el transcurso del año 2025, el gobierno actual ha emitido decretos que impactan y modifican aspectos de esta legislación.

Más allá de la discusión técnica sobre la legalidad de alterar una ley por medio de un decreto —una práctica que, en este caso, se ha consumado—, el hecho genera un profundo interrogante sobre la autenticidad del discurso libertario.

Entonces, ¿cómo se conjuga la defensa de la mínima intervención estatal con la intervención directa en la voluntad ciudadana de garantizar una libertad, un derecho conquistado y consagrado como ley?

Las consecuencias de estos movimientos normativos no son abstractas.

La discriminación por orientación sexual o identidad de género socava derechos humanos esenciales como la educación, la salud, el empleo y el acceso a la justicia.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la incapacidad o la negativa del Estado a proteger activamente los derechos de las personas LGBTI+ tiene un costo dramático en vidas humanas y calidad de vida.

A pesar de contar con marcos legales, la situación en Argentina es alarmante y se agrava. Se observa un franco retroceso en políticas públicas de prevención y protección.

La retórica que patologiza y deshumaniza a la diversidad alimenta un clima de violencia habilitante. Las cifras son opacas o nulas, ya que, durante 2025, los crímenes de odio por prejuicio hacia la orientación o identidad de género ni siquiera son observados por las autoridades.

Aquí es donde la promesa de libertad se desvanece.

La intervención estatal para restringir una libertad ya concedida choca de frente con el núcleo del mensaje y promesa presidencial sobre la máxima autonomía individual.

¿Qué ocurrió entonces? Hay dos interpretaciones posibles sobre este quiebre argumental.

La primera sugiere una ignorancia supina sobre el verdadero alcance y significado de las leyes que rigen en un sistema de democrático; la segunda, mucho más grave, que el discurso fundacional de la campaña electoral no era sincero.

En un ejercicio de viveza criolla o atajo legal, perpetrado por los tramposos de siempre, que actúan siempre en las sombras de las decisiones, se ha optado por «dibujar» un argumento, forzando un mecanismo jurídico —el decreto— para legitimar una afrenta directa a la libertad individual.

La cuestión central es ineludible. Cuando la máxima autoridad interviene para limitar la capacidad de una persona de elegir su propia identidad, el concepto de libertad que se promueve es, en realidad, un espectro selectivo. Es una libertad condicionada que se desdice de su propia esencia.

El resultado es un espejismo. La libertad que se predica es aquella que el poder central está dispuesto a conceder, no la libertad verdadera que implica la ausencia de coerción estatal en el proyecto de vida de cada ciudadano.