Amparo contra la reforma del estatuto docente: Habrá audiencia el 10 de marzo

Docentes cordobeses autoconvocados pertenecientes a diferentes espacios curriculares y modalidades de los distintos puntos de la provincia presentaron un recurso de amparo colectivo en la Justicia.

El grupo, donde también se encuentran docentes de Villa María y Villa Nueva, lo hizo de manera mancomunada con docentes de música con título del “Domingo Zípoli” de nivel primario y secundario.

La acción de amparo presentada tiene como objetivo “la declaración de inconstitucionalidad de Decreto Provincial N° 257/19 y la Ley N° 10.729, para que el Ministerio de Educación, proceda a elaborar las listas de órdenes de mérito de los aspirantes a la cobertura de horas cátedras como titulares, suplentes e interinos, respetando las pautas y criterios derivados del Decreto Ley N° 214/E/1963 sin las modificaciones operadas por aquellos instrumentos normativos cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende”, informaron en un comunicado de prensa.

Con este recurso, se pretende proteger la especificidad de los títulos que les habría quitado el decreto 257/19 del Gobierno de Córdoba.

Esta normativa modifica el alcance de títulos de los Bachilleres e Institutos Técnicos de formación, además de verse perjudicada la carrera docente y por ende sus antecedentes.

En el texto enviado a los medios, los docentes indicaron que la Audiencia Judicial entre las partes fue fijada para el día 10 de marzo.

Comunicado de prensa

A continuación, se reproduce el parte de prensa enviado:

“El día viernes 4 de Marzo de 2022, Docentes de Nivel Secundario de diferentes espacios curriculares y modalidades de los distintos puntos de la Provincia, junto a docentes de música con título del D. ZIPOLI de nivel primario y secundario; habiendo superado las dificultades económicas y las limitantes impuestas de tiempos administrativos, hemos logrado lo imposible; ingresar un RECURSO de AMPARO COLECTIVO  que en una semana logró reunir 81 docentes firmantes y más de 200 aportantes, quienes colaboraran económicamente para solventar la tasa de Justicia y el patrocinio legal. Estando confirmada La Audiencia Judicial entre las parte para el día 10 de marzo.

Los años de pandemia han agudizado el deterioro educativo, el sobretrabajo y desvalorización salarial docente. Víctimas de un atropello más, se aprueba a espaldas del colectivo docente, en la legislatura provincial el 16 de diciembre de 2020 la Modificación del Estatuto Docente mediante la Ley 10.729 que da continuidad al decreto 257/19, que altera las condiciones de los “aspirantes a la docencia y a los agentes en ejercicio”. Presentada como una “profesionalización de la carrera docente”, en defensa del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación de calidad.

Por el contrario, se desacredita el sentido de profesionalización docente, vulnerando el derecho de la libertad de cátedra y autonomía como autoridad pedagógica constituida frente al aula -Ley Nacional de Educación N° 26.206, Ley Provincial de Educación N° 9870- ; asimismo se violenta el Derecho de libertad de expresión y pensamiento al imponer el cómo y el cuándo afianzar el conocimiento de nuestros campos disciplinares al reconocer solo las formaciones, habilitadas por la Red de formación docente continua Provincial y con resolución ministerial. Desconociendo incluso instancias de universidades nacionales o privadas que no posean resolución ministerial.

La eliminación de los cursos de perfeccionamiento cada 10 años de antigüedad – incluidos aquellos con resolución ministerial-, reduce de modo significativo el puntaje de cada docente y sus posibilidades de acceso a nuevas horas cátedras y a buscar nuevas posibilidades de mejora de su desarrollo profesional. Desconociendo el esfuerzo y la inversión en tiempo y/o económica. Bajo la sentencia de “CADUCIDAD” de saberes o trayectos formativos pedagógicos se configura un mecanismo extorsivo de incentivos a favor de sostener un mercado de oferentes y docentes cautivos para acceder al puntaje. Es una imposición de un “modelo docente excluyente” que orienta al consumo de ciertos cursos en general, asistemáticos-dispersos-reproductivos-mecanicistas, alejados de las realidades educativas.

Se modifican los alcances de Títulos sin existir significativos cambios curriculares que lo avale. Atentando sobre identidades institucionales y desconociendo trayectorias como la escuela Domingo Zípoli, donde el 50% de los espacios curriculares de música hoy en el sistema educativo son docentes egresados de esa institución. Igualmente ocurre con títulos profesionales que ocupan materias específicas en institutos técnicos o comunes, sin que exista el acceso a la formación de trayectos pedagógicos, exigidos por el ministerio de educación.

Detrás de una declamada calidad educativa estamos ante una profundización del vaciamiento de conocimientos y saberes en el Nivel Secundario. Atentando a los horizontes de posibilidad de los/as estudiantes de alcanzar una formación integral para su vinculación con el mundo laboral, el ejercicio pleno de la ciudadanía y la continuidad de estudios superiores. Para lo cual es necesario contar con docentes con distintos trayectos y experiencias profesionales que enriquezcan el nivel secundario y le den su especificidad.

Es una estafa sobre nuestra trayectoria de formación continua y situada frente al aula, la titulación, antecedentes y carrera docente, a los futuros ingresantes a la docencia; y a las familias y estudiantes al modificar el alcance de títulos de los Bachilleres e Institutos técnicos entre otros aspectos.

La acción de amparo presentada tiene como objetivo la declaración de inconstitucionalidad de Decreto Provincial N° 257/19 y la Ley N° 10.729, para que el Ministerio de Educación, proceda a elaborar las listas de órdenes de mérito de los aspirantes a la cobertura de horas cátedras como titulares, suplentes e interinos, respetando las pautas y criterios derivados del Decreto Ley N° 214/E/1963 sin las modificaciones operadas por aquellos instrumentos normativos cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende.

Existen un conjunto de irregularidades, entre ellas, que los integrantes de la Junta de Clasificación –vocales que acreditan el puntaje de los docentes – se encuentran desde 2017 con sus mandatos vencidos. Siendo que deben ser elegidos por el voto directo de todos los/as docentes del sistema educativo público.

El CIDI se ha transformado en un cerrojo que impide ejercer nuestro derecho de recusación, dado la continua imposibilidad de ingresar a la plataforma y acceder en tiempo y forma, por encontrase “caída” o en reconfiguración-marcado error de acceso. Siendo las prórrogas acaecidas insuficientes para garantizar que todos/as los/as docentes puedan realizar el trámite correspondiente, agravado por el cierre del ciclo lectivo y posterior inicio del ciclo 2022.

A consecuencia de la disposición ministerial, que todas las horas cátedras interinas y suplentes cuyos nombramientos se realizaron en 2020-2021 cayesen el 28 de febrero del 2022, a ser cubiertas por convocatoria a partir del 2 de marzo; llegamos al inicio de clases con más de 15.000 horas cátedras sin cubrir en la provincia de Córdoba, sin contar los cargos. Situación similar se da en el nivel primario e inicial. Esto pone en riesgo el normal comienzo del curso lectivo 2022, dado que escapa a los tiempos y capacidad administrativos de cada institución educativa. Existiendo numerosas horas libre por la falta de docentes designados, estando las familias obligadas a autorizar los retiros anticipados del establecimiento a los /as estudiantes.

Hacemos estas salvedades para que no se nos atribuya responsabilidad como obstaculizadores en la cobertura de cargos, por las acciones iniciadas en la presentación del Recurso de Amparo.

El conjunto de situaciones da cuenta de la pérdida de capacidad de gestión de este Ministerio en el buen funcionamiento del sistema educativo provincial.

Una vez más quienes hacemos y sostenemos con compromiso pedagógico la educación pública de excelencia y exigimos el reconocimiento de nuestra carrera docente, titulaciones, antecedentes y mejoras salariales y las condiciones para el perfeccionamiento, según establece el artículo 7 inciso m) del Estatuto docente.

La calidad educativa, inclusión, integración y exigencias de capacitación docente son expresiones vaciadas de realidad e insostenibles. Se ha roto la CREDIBILIDAD de las POLITICAS Educativas MINISTERIALES y su contrato con la COMUNIDAD EDUCATIVA”.