Córdoba impulsa una Ley Antibúnker para recuperar inmuebles vinculados al delito

El proyecto firmado por el gobernador Martín Llaryora busca intervenir rápidamente sobre búnkeres de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.

El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que busca dotar al Estado provincial de herramientas legales para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un peligro para la seguridad y la convivencia ciudadana.

La propuesta establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida y coordinada sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificaciones abandonadas o deterioradas que faciliten la comisión de delitos.

Entre las medidas previstas se incluyen el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia y aseguramiento de los inmuebles. En los casos vinculados al narcotráfico, la Justicia podrá ordenar acciones de mayor alcance, como desalojos, demoliciones o la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños.

Además, el proyecto contempla que los bienes y recursos decomisados en causas de narcotráfico sean reinvertidos en la lucha contra este delito. En ese sentido, el 60% de los fondos será destinado al fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

La iniciativa también crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán acciones entre distintas áreas del Estado provincial, la Justicia, la FPA, la Policía de Córdoba y los municipios.

Finalmente, el proyecto invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen mediante convenios de cooperación, con el objetivo de recuperar espacios utilizados por organizaciones delictivas y reforzar la presencia del Estado en los barrios.