Histórico fallo en Córdoba: procesan a directivos de una clínica por presunta trata en casos de subrogación de vientres

La Justicia Federal de Córdoba dictó un fallo sin precedentes en Argentina al procesar a directivos médicos, un abogado y una empleada administrativa en una causa que investiga una presunta red de explotación de mujeres vulnerables vinculada a la subrogación de vientres.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes consideró que existen elementos para investigar delitos de trata de personas agravada y reducción a la servidumbre, en lo que ya es señalado como el primer caso del país que analiza la gestación por sustitución bajo la figura de explotación reproductiva.

La investigación apunta contra el director de la clínica de fertilidad Fecundart, José Pérez Alzaa; la administrativa Paula Liendo; y el abogado Nicolás Gigena, quien además fue imputado por presunta falsedad ideológica.

Cómo comenzó la causa

El expediente se inició tras una denuncia anónima realizada a la Línea 145, especializada en casos de trata de personas. A partir de allí, fiscales federales comenzaron a investigar el funcionamiento de clínicas de fertilización asistida en Córdoba.

Según la acusación, mujeres en situación de extrema vulnerabilidad económica eran captadas para gestar bebés destinados a terceros, mediante acuerdos que incluían compensaciones económicas encubiertas y mecanismos de ocultamiento ante la Justicia.

La periodista especializada en judiciales María Ester Romero explicó que muchas de las mujeres habrían sido contactadas desde antiguas bases de datos de ovodonación y luego ofrecidas a parejas con voluntad procreacional.

“Es el primer fallo judicial en la Argentina que considera trata de personas en casos de subrogación de vientre”, destacó la periodista en declaraciones radiales.

“No digas todo lo que te pasa”

Uno de los aspectos más sensibles de la causa son los chats y mensajes incorporados al expediente judicial. Allí, según la investigación, se detectaron maniobras destinadas a ocultar la verdadera situación social de las gestantes.

“Les decían: ‘no digas todo lo que te pasa, no te muestres como una chica con problemas’”, relató Romero sobre parte del material analizado por la Justicia.

El magistrado sostuvo en su resolución que “no toda maternidad subrogada es delictiva”, pero advirtió que puede transformarse en trata cuando existe explotación, abuso de poder y aprovechamiento de situaciones de necesidad.

Un debate legal y ético

El fiscal federal Carlos Gonella señaló que este fenómeno podría representar “una de las nuevas modalidades de trata de personas”. Al mismo tiempo, aclaró que la investigación no busca criminalizar la gestación por sustitución en sí misma, sino los casos donde existe intermediación económica y explotación de mujeres vulnerables.

Actualmente, la subrogación de vientres no cuenta con una regulación específica en Argentina, por lo que muchos casos terminan resolviéndose mediante autorizaciones judiciales particulares.

La causa podría convertirse en un antecedente clave para futuros debates legislativos y judiciales sobre los límites éticos y legales de la maternidad subrogada en el país.