[Opinión] El taxi cordobés al límite: “Urge la intervención judicial para proteger el trabajo local»

La ciudad de Córdoba está siendo testigo, de una silenciosa pero devastadora crisis que amenaza con la extinción de una fuente de trabajo tradicional y vital: el servicio de taxi.

Escribe: Abogado Carlos Cafure

La promoción de las plataformas electrónicas extranjeras, ha sumido a miles de familias taxistas en una profunda desesperación, al punto de comprometer la seguridad económica de sus hogares.

Es inaceptable que, en nuestra propia tierra, los intereses foráneos sean priorizados por la clase política, traicionando a los trabajadores locales que han servido a la ciudad por décadas.

La realidad golpea duro en la familia taxista.

El ingreso, que antes garantizaba una vida digna, hoy a duras penas permite llevar un plato de comida a la mesa.

Esta crisis es el resultado directo de una política permisiva, que puso la ganancia extranjera por encima del bienestar cordobés. Se está llevando al borde del colapso al transporte público automotor de nuestra ciudad, una pieza fundamental en la movilidad urbana.

Las supuestas «innovaciones» de estas plataformas no son más que un velo para ocultar grandes irregularidades que operan en detrimento de la ciudadanía y del Estado:

* Evasión Fiscal: Operan sin domicilio legal en el país y evaden sistemáticamente impuestos locales que deberían contribuir a las arcas provinciales y municipales.

* Competencia Desleal: No cumplen con las mismas exigencias de seguridad, habilitación, o inspección técnica rigurosa a las que está sometido el taxi legal.

* Precariedad Laboral: Fomentan una relación de falso «colaborador» para eludir responsabilidades laborales y previsionales con sus conductores.

* Fuga de Divisas: Los beneficios económicos se giran al exterior, sin reinvertirse en la economía local.

La esperanza de la familia taxista se deposita en el Poder Judicial de Córdoba

Ante la inacción o complicidad política, la esperanza de la familia taxista se deposita en el Poder Judicial de Córdoba. Es su deber constitucional y moral proteger el trabajo, un derecho fundamental.

Se le exige a la Justicia que tome cartas en el asunto, que investigue estas flagrantes irregularidades y ponga un freno a esta competencia pirata que destruye empleo. La protección de las fuentes de trabajo del taxi es, en esencia, la protección de la economía y la dignidad de miles de cordobeses.

En este contexto de lucha, la única voz que resuena con firmeza es la del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba (SIPETACO) y su secretario general, Héctor Miguel Arias.

Él ha emprendido un exhaustivo plan de luchas que abarca el ámbito legislativo, gremial y judicial. Arias ha sido claro: no descansará hasta erradicar este transporte ilegal a través de plataformas extranjeras.

El gremio hará todo lo que esté a su alcance, siempre dentro del marco de las leyes vigentes y el respeto a la Constitución Nacional y Provincial, para devolverle la tranquilidad y la seguridad laboral a la familia taxista.

La dignidad del trabajo cordobés no es negociable.

(*) Asesor legal del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba