[Política y calidad educativa] Carencias y promesas vacías

Escribe: Carolina Durand

Recientemente, surgió la iniciativa de crear una Mesa Nacional por la Calidad Educativa (MeNaCE) desde la provincia de Santa Fe, que busca sustituir insuficiencias actuales en materia de política educativa propuestas desde el Consejo Federal de Educación. Se sumaron profesores de todos los niveles y de todo el país para hacer frente a lo que consideran una crisis escolar.

Entre las políticas educativas a las que no adhieren y sostienen que provocan un daño cognitivo en el aprendizaje, se encuentran, el pase de año automático de 2020 a 2021, la suspensión de mesas de exámenes y de calificaciones numéricas, la agrupación de materias por áreas y la posibilidad de promocionar con hasta dos áreas sin aprobar, la repitencia, a la que ven como “una herramienta de aprendizaje, no sólo de contenidos, sino también de madurez y asunción de responsabilidades”, la revinculación porque “la cantidad de chicos que han quedado fuera del sistema debería alarmar a las autoridades pero no hay planes para ellos” , entre otros ejes.

“Es indispensable y urgente proponer una política educativa sistemática, concreta, viable y plausible de ser implementada y medida más allá de los gobiernos de turno como política de estado”, dice un material puesto a disposición de los docentes por MeNaCE con el título “Directrices para pensar el concepto de calidad en la educación”.

 «Una política que priorice los aprendizajes efectivos de los alumnos, sobre todo los de mayor vulnerabilidad ya que la falta de aprendizajes es uno de los factores que provocan abandono del sistema”, continúa el texto.

¿Qué otras aristas componen calidad educativa?

Las instituciones públicas atraviesan una denostada y decadente precariedad. Hablar de educación no implica meramente las currículas de contenido, involucra establecimientos en condiciones edilicias aptas para el desarrollo y desenvolvimiento adecuado de los estudiantes en un ambiente cómodo y apto, con servicios de agua, gas, internet baños con sanitarios óptimos, techos sin humedad, aulas equipadas, materiales didácticos para facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado.

También, gabinetes de docentes que cubran cada asignatura del proceso escolar, directivos y funcionarios provinciales y nacionales que protejan los derechos de los estudiantes a recibir una educación completa que, los prepare intelectual y culturalmente para insertarte en una sociedad que, cada vez, exige mayor conocimiento en el mercado laboral, y preparación integral para afrontar cambios sociopolíticos en el que serán insertos una vez terminados sus estudios.

La pandemia dejó en evidencia en el 2020, la precariedad del sistema de educación. La falta de conexiones generó un abismo entre quienes tenían acceso en sus hogares para  estudiar y quienes lo hicieron a los ponchazos.

La ciudad del aprendizaje

El inicio escolar del 2021, en Villa María, la ciudad del aprendizaje, abrió el telón de las carencias edilicias de algunas instituciones públicas, como lo fue el IPEM 275, ex colegio Nacional. ¿Falta de políticas provinciales o de gestión municipal?

A pocas semanas de iniciar el ciclo 2022, se observan obras prometidas en materia de educación que dejan en el medio a los estudiantes. Tal es el caso de la escuela PROA en la UTN. También, incontables horas libres en un alto porcentaje de escuelas por falta de docentes y colegios públicos en pésimas condiciones edilicias.

Frente al reclamo de padres y alumnos, el intendente Martín Gill, “se comprometió a oficiar de intermediario con el Gobierno de Córdoba, creador del programa educativo y encargado de la ejecución de las 34 PROA” de la provincia en abril del 2018.

Sin embargo, Córdoba ha llevado adelante majestuosas obras en todo el territorio cordobés con fondos provinciales y nacionales. Las escuelas no estarían en sus listas de prioridades.

Grahovac culpó al INESCER por las bajas matriculas

La visita reciente del Ministro de Educación, Walter Grahovac, dejó un sinsabor por su embate contra el INECSER, “Dr. Ángel Diego Márquez”, fundado en 1987, siete años antes de la aprobación del proyecto de creación de la UNVM.

El Ministro anunció una nueva oferta educativa en sus instalaciones. Se trata del Instituto Superior Politécnico Córdoba, un bachillerato con formación profesional en automatización industrial y robótica.

Desde el Instituto educativo manifestaron su descontento por no hacerlos partícipes del acto oficial donde se hizo el anuncio, a lo que el funcionario respondió: “El establecimiento es de la provincia. Si tienen un turno que está disponible, cómo no lo vamos a ocupar con estudiantes que sí necesitan tener una escuela».

¿Quién debería dar explicaciones?

Además, sostuvo: «El INESCER tiene que dar muchas explicaciones porque ha tenido muchos problemas, entre ellos la baja de matrículas».

¿Qué quiso decir? ¿Es un problema del establecimiento educativo, de la absorción de carreras por otras instituciones, de la falta de interés por parte de los estudiantes, de las salidas laborales cortas para quienes deben priorizar trabajo sobre educación por la crisis socioeconómica que atraviesa el país o de los obstáculos políticos en materia educativa?

El mismo que, asumió como secretario General de la UEPC en 1988, impulsando la resistencia al ajuste educativo neoliberal, avaló el Memorándum 03/20 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba que afecta al nivel superior.

El mismo Memorándum, que pone cupos a las matrículas y cercena las propuestas de formación que no son altamente demandadas, brindan carreras técnicas y docentes, y diversifican la especialización de profesionales y aspiran a otros ideales, sin ser parte de los cientos de matriculados de carreras tradicionales que, luego no consiguen donde insertarse por la alta oferta.

¿No se puede ser emprendedor en libertad para abordar la educación con un andamiaje educativo diferente, pero, no por eso menos importante?

“Educación de calidad” se ha convertido en la muletilla de políticos de toda índole, pero, ninguno logra plasmarla de manera integral a través una política pública coherente en pos de los derechos estudiantiles.