UCR pide respuestas sobre el nuevo Defensor del Pueblo y rechaza la reforma judicial

El bloque opositor en el Concejo Deliberante pidió respuestas sobre el llamado a elegir nuevo Defensor del Pueblo. Además, presentó un proyecto de resolución rechazando en todos sus términos, el proyecto de reforma judicial nacional, por considerarlo inoportuno, innecesario, mal estructurado, altamente costoso y con aspectos de dudosa constitucionalidad.

Escribe: Carolina Durand

Los ediles Ignacio Tagni, Justina Pucci y Sergio Mana, bajo el respaldo del artículo 46 inciso 7 de la Carta Orgánica Municipal, solicitaron informes, sobre la posición del Ejecutivo, respecto a la elección próxima, correspondiente al defensor del pueblo.

Este 2020 se cumplen los 5 años de la elección del primer Defensor del Pueblo de la ciudad, para cuyo cargo fue elegido Nicolas Morsila.

El título IV, capítulo II, art 81,82 y 83 reza la creación, elección, duración y remoción del cargo.

Para aspirar al cargo, la Carta Orgánica expresa en su artículo 73: “Para ser miembro titular y suplente del Tribunal de Cuentas regirán los mismo requisitos, incompatibilidades e inhabilidades que para los Concejales, debiendo contar además con ciclo básico de educación media cumplido o su equivalente”.

No a la Reforma judicial

A su vez, también presentaron un proyecto de resolución, mediante el cual rechazan el proyecto de ley de reforma judicial presentado por el Presidente Alberto Fernández a fines de julio.

Los ejes de la reforma apuntan a “el fortalecimiento de la justicia penal federal con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires; el traspaso de la competencia penal no federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la fusión de los fueros civil y comercial federal y contencioso administrativo federal, de la Ciudad Buenos Aires; y el fortalecimiento de la justicia federal en las provincias”.

Frente al descontento con la falta de diálogo en el parlamento nacional, Tagni sostuvo: “Están avanzando sobre las instituciones. Necesitamos acuerdos, consensos, gestos de construcción y madurez política. La reforma judicial, no pueden ser diseñada de manera unilateral ni impuesta por la fuerza de mayorías legislativas circunstanciales”.

Y agregó: “Las modificaciones institucionales deben ser discutidas a través de un amplio diálogo que incluya la participación de los actores intervinientes (jueces, fiscales, defensores, abogados, sindicatos y facultades de derecho, entre otros), de especialistas en la materia y de representantes de la sociedad civil”.

Los costos presupuestarios

En cuanto al impacto presupuestario del proyecto, según lo estipulado por el radical, la cifra necesaria para poder implementar el proyecto, sería de alrededor de un monto mínimo de $3.037 millones.

Se crearían 323 cargos (jueces, fiscales, defensores y funcionarios), el costo anual de sueldo de estos 323 cargos sería de  $1.703 millones. Y el costo de la inversión necesaria en infraestructura estima un costo aproximado de $1.211 millones; más un aproximado de tecnología de $122 millones.

El proyecto de reforma judicial apunta a modificar la justicia federal de manera estructural y a su infraestructura, pero no contempla la justicia ordinaria y a los delitos comunes que es la que pide diariamente el pueblo.

Dentro de los delitos federales, encuadramos narcotráfico, delitos de lesa humanidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando, delincuencia organizada, delitos contra la libertad de expresión, delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, tráfico de piezas arqueológicas, delitos electorales, ley de marcas, falsificación de moneda, delitos contra la administración pública y lavados de activos de origen ilícito.

Sin embargo, este gasto aproximadamente de $3.037 millones no contempla los delitos ordinarios que contempla la justicia que se implora día a día por robo, violencia, ultrajes, asesinatos.

La justicia como institución, necesita ser ágil, empática y obsecuente con quienes la necesitan, en cortos plazos con condenas justas. ¿Cuándo, esto va a ser prioridad para la justicia argentina? ¿Estamos en condiciones de pensar en 323 cargos judiciales con un costo de $1.703 millones ante la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo en blanco por la pandemia?