Cobrar por cualquier cosa: impuestos ridículos, leyes sin sentido y medidas trasnochadas

Ordenanzas, decretos, tasas, impuestos, medidas cautelares, reglamentaciones varias y una catarata de iniciativas oficiales son lanzadas a la vida sin que gocen de sentido común. O, peor aún, contradiciéndolo. Estos deslices son patrimonio de la humanidad, pero en Argentina suelen ser bastante recurrentes. Por acción u omisión, claro. Por lo que hacen y dejan de hacer, en palabras más simples.

Escribe: Germán Giacchero

Canuto II El Grande fue un rey de Inglaterra, Noruega y Dinamarca, que alcanzó esa posición a pura guerra. Cuando se sentó en el trono se hizo pacifista, puso las leyes de su lado, se casó con la viuda de uno de sus derrotados y designó a dos de sus hijos como reyes de Noruega y Dinamarca. Su reinado pasó sin pena ni gloria, pero hay una leyenda que lo pinta de cuerpo entero.

Cuenta Luis Melnik en su “Diccionario Insólito 2”, que un día, el rey Canuto marchó con su corte a la orilla del mar para contemplar la puesta del sol. Queriendo prolongar al máximo su placer decidió impedir que subiera la marea. Con ese fin, dictó un decreto real, prohibiendo la marea creciente. Sus cortesanos, consejeros y bufones se miraron inquietos, pero el rey, era el rey.

Todos permanecieron obedientes y sumisos en las arenas todavía secas, pero el mar no se dio por enterado y comenzó su irremediable tarea cotidiana. Al cabo de un rato, los asistentes presurosos debieron sacar a Canuto con trono y todo, húmedo y salado. Todos marcharon en silencio de vuelta al castillo: el rey indignado con el mar y sus servidores, mordiéndose los labios.

El síndrome de Canuto no caducó con la caída de las monarquías europeas y otras de parajes más exóticos. Tampoco con el final del régimen de los señores feudales de la Edad Media, que imponían su voluntad a sangre, cuchillo y fuego.

Hoy, en tiempos de democracia, esa patología propia del poder se encubre con otros nombres: decisiones ridículas e inoportunas, medidas bizarras y vergonzantes, disposiciones trasnochadas y demagógicas, o, por el contrario, exclusivamente antipopulares pero fundamentadas en alocados argumentos e intereses espurios de nuestra clase dirigente: política, empresarial, sindical, etc.

Cobrar por cualquier cosa

Reyes, emperadores, dictadores, jefes tribales, patrones de estancia, presidentes y gobernantes de todas las especies se han servido de los impuestos y tributos para financiar sus palacios, vidas glamorosas y excesos; para solventar estructuras estatales burocráticas; para invertir en los costos de las guerras o para acumular riqueza, a secas.

Para ello, a lo largo de la historia, se han valido de cualquier artilugio legal para sumar fondos a las arcas. Así, se cobró impuestos por el largo de la barba en Rusia y por la cantidad de chimeneas en Inglaterra; por el uso de baños públicos en Roma y por ser viudo casado en segundas nupcias en la antigua España.

En esta galería de contrasentidos, las prohibiciones de todo tipo no quedan al margen. Un buen ejemplo fue el decreto ley 4161 del dictador Aramburu y la Revolución Libertadora que establecía penas para quienes hicieran propaganda peronista o pronunciaran el apellido de Perón y el de sus parientes.

Cómo olvidar el derecho de pernada, que también tuvo ribetes de legalidad en la antigüedad y hasta no hace mucho, con los señores feudales obligando a las siervas a tener sexo con ellos el día que se casaban. Y no es tan lejana en el tiempo su presencia en nuestro país, cuando los patrones tenían el derecho a pasar la noche de bodas con las mujeres de los peones. En fin, la secuencia de disparates y desatinos oficiales -y no tanto- sería casi infinita si se bucea en la historia universal.

Sobran los casos actuales de medidas oficiales, donde se pretende cobrar por cualquier cosa. Hasta hace poco, se imponían multas por no usar el barbijo en la vía pública y se podía pasar un mal rato cuando personal policial actuaba según la normativa vigente. Disposiciones que aún existen, pero que no se aplican con el mismo rigor de hace unos meses.

Pagar por el sol

Otro ejemplo se da por el uso de la energía solar, obligación conocida en diversos rincones del planeta como “impuesto al sol”. Por si no lo sabía, un tributo con esa denominación popular paga en España los vecinos que obtengan electricidad mediante paneles solares.

A contramano de la política europea que impulsa el uso de energías renovables. No debería extrañar porque de ese país es también la señora que mediante un artificio legal se declaró dueña del Sol. Ángeles Durán está esperando cobrar regalías por su uso. Parece mentira, pero es pura verdad.

Aunque parte de la razón la asista y luego haya desistido de la medida, el exgobernador y diputado nacional por La Rioja Luis Beder Herrera pasará a la posteridad como el dirigente que quiso imponer el cobro por el uso del sol a una empresa que quería instalar un parque solar en esa provincia tras firmar un contrato con el gobierno nacional.

El berrinche judicial de Beder Herrera logró la promesa de ejecución de algunas obras en la provincia como contrapartida a prestar el sol que baña las montañas y valles riojanos para producir energía que sería vendida al mercado mayorista de electricidad.

Entonces, llamó la atención la defensa algo impostada y caricaturesca de la radiación solar, considerada patrimonio de la humanidad, cuando se entrega a precios viles el resto de recursos naturales a voraces corporaciones, como en el caso de la explotación de tierras, minería, yacimientos petrolíferos y reservas de agua potable.

Apetito voraz

Pero, no debería extrañar actitudes sensacionalistas así en un país donde a muchos legisladores poco pareciera interesarles que se cobre un impuesto al trabajo a los salarios medios, bajo el eufemismo de “ganancias”, mientras se eliminan las retenciones a multinacionales mineras; o que el IVA, el impuesto más regresivo que pagamos todos por igual, goce de buena salud, al tiempo que la renta de la especulación financiera se ríe en la cara de todos ya que no se le aplica tasa alguna. O es ínfima.

La glotonería tributaria pareciera no tener límites. Argentina es una cabal muestra de este apetito voraz: la presión impositiva es tremenda. El año pasado registró 165 impuestos entre los nacionales, provinciales y municipales, según un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Las retenciones a las exportaciones y el denominado «impuesto a la riqueza» en Argentina han despertado todo tipo de consideraciones. Sumaron adeptos y detractores. Por supuesto que debe haber redistribución de los ingresos fiscales. Pero, muchas veces asoman como mecanismos de castigo de base política, con el resultado de acumulación de recursos que no siempre vuelven en obras o fondos, pero que suelen ir a parar a agujeros negros.

Por eso, lo peor del caso no sería la percepción de esos impuestos. El problema es la desigualdad y discrecionalidad en la redistribución de los recursos que llegan al estado nacional desde las provincias y los municipios. Solo retorna una parte menor al interior y se aprovecha esos fondos para darles premios a los amigos de ocasión y castigos a los desobedientes del gobierno de turno. Lo mismo vale para las provincias y el reparto a municipios y comunas.

Los ejemplos sobran. Anote usted el suyo.

Ya lo escribimos alguna vez. Muchos de nuestros gobernantes se parecen mucho al desahuciado Canuto. Creen que su ímpetu todopoderoso podrá contra todo y todos. Y que siempre poseen la razón.

Pero, se sabe, la realidad como el mar desobediente de la historia, más tarde o más temprano, vomita su bocanada de agua salada y amarga.