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30, abril, 2026
Cristina en el banquillo: ¿Jefa de la “matriz de corrupción” o víctima del “pelotón de fusilamiento”?
El fiscal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Además, solicitó en el alegato final que se le decomise la suma de al menos 5.321 millones de pesos, a ser prorrateados entre todos los acusados en la denominada causa Vialidad.
El pedido realizado ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, sostiene que la expresidenta fue jefa de una asociación ilícita agravada y la responsabiliza de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real.
“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, fueron algunas de sus últimas palabras antes de los pedidos de condena.
Días anteriores había remarcado que en el juicio quedó expuesta “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años”. Luciani investigó junto con su par Sergio Mola el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz hacia Lázaro Báez, entre los años 2003 y el 2015.
Los otros acusados
Luciani y Mola también pidieron que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamaron penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, como organizadores de la supuesta asociación ilícita.
Varios de estos exfuncionarios ya recibieron condenas anteriores. López, a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito; Báez, a 12 años de cárcel; y De Vido, a cuatro años por la compra de trenes a España y Portugal, y a cinco y medio por la tragedia de Once.
En tanto, a Carlos Kirchner, primo de Néstor, solicitaron la absolución por asociación ilícita y dos años en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por otro lado, respecto de administración fraudulenta, requirieron condenas para el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, a cuatro años años; a los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich, a cinco años de prisión; a Mauricio Collareda, a seis años.
También a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, a tres años en suspenso; Juan Carlos Villafañe, a 6 años de prisión; a Raúl Gilbeto Pavesi, a cinco años de prisión; y José Raúl Santibáñez, a cuatro años.
«Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza», sostuvo Luciani en otro momento.
La grieta continúa
Mientras un amplio sector de la oposición y una parte de la población esperaban el alegato final de Luciani y celebraban, más tarde, el pedido de condenas contra la supuesta corrupción, desde el propio gobierno y sectores políticos, sindicales y sociales afines, se denunciaba una persecución política, judicial y mediática en contra de Cristina Fernández.
“No estoy ante un tribunal, estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, expresó la vicepresidente en twitter. Y anunciaba que este martes rebatirá por la red social los fundamentos esgrimidos por la Fiscalía.
“Quiere mostrar con claridad que estas supuestas nuevas pruebas y estos hechos que aparecen como novedosos son falsos y va a mostrar una serie de elementos que indiquen, y la gente pueda ver, la manera sesgada en el que se analizó ese teléfono de López”, dijo su abogado Carlos Beraldi a C5N.
Quienes sostienen la inocencia de Cristina Fernández apuntan que no hay elementos contundentes en la causa para avalar una condena, que se ha recurrido a expedientes de otras causas anteriores, y que todo se trata de una operación montada para llevarla tras las rejas.
Desde el otro lado, apuntan que las pruebas son más que suficientes para que los jueces decidan en favor del pedido de los fiscales.
Justicia independiente o “lawfare” es la grieta que separa las miradas sobre la causa judicial que tiene sentada en el banquillo a la vicepresidenta.
Por una parte, se sostiene que una condena ejemplar para castigar la corrupción kirchnerista sería producto de un poder judicial independiente que no se deja influir por el poder político de turno.
Por el otro, acusan que la Justicia es en verdad un “partido judicial” permeable a los intereses del poder real que busca, mediante el llamado “lawfare”, la persecución política contra Cristina & Cía. y su consecuente condena a prisión. Del mismo modo que ocurrió en otros países de la región como Brasil, Bolivia o Ecuador.
Vale decir que, aunque en Argentina existe la división de poderes desde un punto de vista institucional, esta proclamada separación no se condice siempre con la realidad. La influencia, injerencia, intromisión y presiones contra la Justicia por parte del poder político y económico son moneda corriente.
Lo más saludable, le pese a quien le pese, sería un juicio justo para cualquier ciudadano argentino más allá de su nombre y poder. Si las pruebas concluyeran que Cristina Fernández debe ser condenada, ¿por qué no? Si ocurriera lo contrario, ¿por qué sí?
Respecto de la tan mentada “proscripción” de Cristina denunciada por el kirchnerismo y sectores afines a partir del desarrollo del juicio, la vicepresidenta podría postularse para un cargo electivo sin mayores problemas.
El veredicto se conocería recién hacia finales de 2022 y, si el Tribunal decidiera condenarla por los delitos que se le endilgan, podrían pasar años hasta que el fallo quede firme. Por lo que no solo no iría a la cárcel en caso de corresponderle; tampoco quedaría inhabilitada para ocupar cargos públicos.
De todas maneras, una condena sentaría un precedente histórico. Refrescante para quienes avalan la tesis de la matriz de corrupción K y peligroso para quienes sostienen la inocencia de la expresidenta y temen una estocada paralizante contra la esencia del proyecto denominado nacional y popular.
