Denuncian que cuatro funcionarios cobraron el bono de salud

Así lo aseguró el bloque de concejales de Vamos Villa María. Pidieron una auditoría sobre el “Fondo de Emergencia Sanitaria COVID-19”. Y su indisponibilidad hasta tanto se concluya la auditoría.

Cuatro funcionarios municipales de Villa María cobraron el bono de salud de 5 mil pesos destinado al personal sanitario no comprendido por el beneficio nacional.

Se trata de una ayuda económica a modo de recompensa, costeada con recursos del “Fondo de Emergencia Sanitaria COVID-19”, creado a partir del aporte especial y extraordinario del 20% del salario neto del intendente, concejales, Tribunal de Cuentas, Auditoría General, y todos los funcionarios del Ejecutivo con rango de secretarios.

Por este motivo, el bloque de concejales de la oposición solicitó el tratamiento de un proyecto de ordenanza para “ordenar una Auditoria Contable sobre el mencionado Fondo.

Pandemia: La oposición quiere respuestas de Jure

Escuchá el audio de la concejal Karina Bruno:

Los nombres

A partir de lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Muñoz y con un listado de los beneficiarios, el bloque Vamos Villa María advirtió que “figuran percibiendo dicho beneficio al menos cuatro funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo Municipal, personal que claramente no puede ni debe estar incluido en la percepción de un beneficio de ayuda económica, como lo es el bono de que se trata”.

Los mencionados son el secretario de Salud, Humberto Jure; la directora general de Presupuesto y Planeamiento de la Secretaría de Salud, Rosana Beatriz Suescum; el director de la Asistencia Pública, Pedro Trecco; y Rosana Elizabeth Tuninetti, directora General de Cuidados Integrales de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud.

En este último caso, además, “se le amplió el adicional por responsabilidad que se le paga junto a su haber como Directora, el que pasó del 10% al 50%”.

“Claramente el espíritu con el que el Fondo fue creado, ni el sentido del bono otorgado, pueden tener como destinatarios a funcionarios públicos de la planta política del Municipio. Lo que constituye un verdadero despropósito, pero que además impone una revisión total e integral de la utilización del Fondo de Emergencia creado”, fundamentaron los ediles.

Por eso, propusieron la realización de una auditoría contable, que “será llevada adelante por miembros del Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas y de la Auditoria General, dejando expresamente excluido al Departamento Ejecutivo Municipal, por ser justamente el auditado, el que podrá hacer las devoluciones correspondientes una vez finalizada la auditoría”.