Lavado de activos: varios imputados de Villa María por una supuesta «cueva financiera»

La Cámara de Apelaciones no dio lugar al pedido de falta de mérito y procesó a villamarienses por una importante causa de lavado de dinero y asociación ilícita.

La Sala B de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales de Córdoba revocó la falta de mérito de varios imputados en la causa de intermediación financiera y asociación ilícita.

En 2018, la fiscal federal María Marta Schianni imputó a 14 empresarios y contadores de la ciudad por evasión fiscal y asociación ilícita. Entre ellos están el exconcejal juecista, Delfín Polack, Fernando Ateca, Jorge Sufe, Richard Grenat, Cristina Ateca, Hernán Mignola, María Eugenia Tabares, Marcela Della Rossa como coautores. Se suman Carlos Giovanardi y Miguel Alberto Álvarez como participes necesarios de presunto lavado de activo de origen delictivo.

Una nota del diario La Voz del Interior hizo punta en la nueva información que surgió de la vieja causa y señaló varios detalles destacando que la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG), con sedes en Villa María y en James Craik, quedó en el centro de las sospechas por presuntamente haber sido el vehículo necesario para la consumación de múltiples maniobras.

Causa de larga data

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya había alertado en 2009 sobre la actividad de la “cueva financiera”, luego de que dos bancos reportaron depósitos de una gran cantidad de cheques de terceros (por montos millonarios) en cuentas corrientes a nombre de la mutual y el retiro posterior en efectivo.

Así, los integrantes de AMPSG habrían utilizado “el régimen mutualista” (con beneficios impositivos) como “un remedio utilizado casi exclusivamente para violar la ley”, según afirmó la camarista Liliana Navarro. Con las operatorias, habrían desvirtuado la significación social de la entidad.

A través de una estructura aceitada, Fernando Ateca y Sufe habrían liderado la banda que bajo el velo de la mutual habría otorgado préstamos personales (para cualquier destino) y descuentos de cheques, para lo cual habría captado fondos de terceros (ahorristas) de manera habitual y masiva.

De este modo, habrían obtenido un beneficio tributario de reducción de la alícuota en el impuesto a los débitos y los créditos bancarios.

Como parte de los movimientos, habrían realizado ofrecimientos de cajas de ahorros y cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo simulados bajo contratos de mutuo o “ahorros a término” (tanto en dólares como en pesos) y garantidos con pagarés a personas no asociadas.

Los fondos habrían sido utilizados en operaciones de compra y venta de divisas, compra y venta de títulos valores, inversiones en el mercado de valores por intermedio de agentes de bolsa e inversiones, y en la cobertura de giros en descubierto de las cuentas corrientes de sus clientes, sin autorizaciones oficiales.

Algunos empleados, con conocimiento de las maniobras, habrían materializado una doble contabilidad y se habrían encargado de romper los mutuos y los documentos similares para no dejar “huellas”.

También se habrían llevado a sus domicilios los discos y las memorias externas donde registraban las operaciones en negro (depósitos o descuentos de cheques).

Eso habría permitido a AMPSG mantenerse dentro de los parámetros de las estructuras mutualistas (al exhibir ante los organismos de control un nivel de operatoria acorde con el común de estas entidades).

Además, habría instaurado un “servicio” que aseguraba el anonimato de quienes pretendían obtener ventajas con fondos obtenidos de actividades ilícitas que no podían ser invertidos en forma directa en el mercado o en el sistema financiero.

En la sede de Villa María se secuestró un disco con un listado con “mutuos” (fechados, con detalle de depósitos, saldo, días e intereses) por montos millonarios, lo que permitió a la Justicia verificar el importante “caudal de dinero que fluctuaba por una mutual con aparentes fines solidarios”, según sostuvo el camarista Abel Sánchez Torres en 2019 (en los procesamientos por asociación ilícita).

También se encontraron planillas con la operatoria de cheques “en negro” con los datos de cada particular (banco, monto, importe liquidado y descuento) y la ganancia obtenida por la mutual.

¿LAVADO CON PROPIEDADES?
Se estima que para antes de mayo de 2018, los imputados habrían puesto en circulación en los mercados financiero y bursátil el dinero obtenido de la intermediación financiera ilegal y la evasión (gestada mediante la mutual) a través de empresas radicadas en Villa María y en James Craik.

De esta manera, mediante las firmas MQT SRL (integrada por Tabares y Polack, cuyo apoderado era Fernando Ateca), Efus SA (formada por Polack y Sufe) y la propia mutual habrían adquirido una gran cantidad de bienes inmuebles (24 departamentos, dos cocheras, etcétera) por casi 31 millones de pesos con el fin de lavar los fondos.