Nueva ley de seguridad: El oficialismo logró la aprobación con el apoyo de tres legisladores de la oposición

En una sesión caliente, con vaivenes por la posibilidad del cuórum y con críticas a la oposición, se aprobó el proyecto de la nueva ley de seguridad.

Para que el oficialismo lograra el cuórum necesario contó con el apoyo de tres legisladores de la oposición, entre ellos, la villamariense Karina Bruno que conformó días atrás un bloque unipersonal.

También dieron el sí Federico Alesandri (Creo en Córdoba) y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).

En tanto, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal y la izquierda no participaron en la sesión, en desacuerdo con el proyecto del Ejecutivo de subas en el aporte a los agentes provinciales para ser tratado sobre tablas.

Qué dice la ley

Repasamos algunos puntos establecidos por la nueva normativa:

• Nuevo instituto y guardias locales

Entre los principales puntos aprobados se estableció la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, el que tendrá en sus funciones “proponer programas de capacitación de los integrantes de las fuerzas provinciales de seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada”.

Estas nuevas guardias de prevención formarán parte también de una herramienta que tendrán los municipios y comunales, siempre que decidan adherir a la normativa. Tendrán como finalidad “contribuir en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliares de la Policía de la provincia de Córdoba”.

Estas guardias podrán, además, trabajar en acciones para “disuadir, prevenir y hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones provinciales, municipales o comunales, y servir de auxiliares a la Policía”.

En la misma normativa se dejó plasmado también que el Poder Ejecutivo podrá proveer a los municipios que adhieran “vehículos equipados para tareas de vigilancia y patrullaje, así como armamento menos letal para el uso de los agentes locales, y asistencia técnica”.

Previo a esto, cada municipio podrá organizar su guardia y designar un funcionario responsable.

• Servicios privados

Otro de los cambios en seguridad será la autorización de la gestión privada, a través de servicios tercerizados. En este caso, por ejemplo, el personal de las prestadoras de servicios de seguridad podrá utilizar “armas menos letales”, previa a una autorización del Ministerio de Seguridad.

Además, el sector público podrá contratar los servicios de estas empresas prestadoras de seguridad para la custodia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura.

• Cámaras de seguridad

Dentro de los cambios en seguridad se dará también la posibilidad que los prestadores de servicios de seguridad privada y los establecimientos que dispongan de cámaras de video vigilancia, instalados en espacios privados de acceso público que capten imágenes, deban “poner a disposición de la autoridad el contenido almacenado en sus sistemas tecnológicos”.

Otra de las novedades consensuadas fue también establecer como obligatorio para los funcionarios públicos y asesores la presentación anual ante el Ministerio de Salud de un certificado negativo, el que deberá estar expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto, “se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación a cargo del Ministerio de Salud”, y los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas.

Por último, se resolvió en la misma normativa crear nuevas fiscalías en la Capital cordobesa, como en el interior provincial.

Recorte salarial en funcionarios

El oficialismo sancionó, además, el recorte del 15% en los haberes de los legisladores y del 10% de los funcionarios.

Fuente: La Voz