[Opinión] La precarización estatal como motor de destrucción de la Caja de Jubilaciones de Córdoba

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba atraviesa una crisis estructural que amenaza su existencia misma.

Si bien la Nación ha comenzado a normalizar el flujo de fondos adeudados, el diagnóstico es claro: la solución de fondo no vendrá de afuera, sino de una reforma urgente y profunda del ordenamiento estatal provincial.

El uso sistemático de figuras laborales no contributivas —como pasantes, becarios y contratados por tiempo determinado— está vaciando el sistema.

Al no realizar aportes al régimen previsional, estos trabajadores representan una pérdida constante de ingresos genuinos.

Para frenar esta destrucción paulatina, es imperativo suspender por cuatro años el ingreso bajo estas modalidades.

La sostenibilidad del sistema depende de recuperar la relación técnica necesaria: tres activos por cada jubilado.

Actualmente, la provincia se aleja peligrosamente de ese ideal.

Para revertirlo, el Estado debe ​frenar de inmediato las pasividades anticipadas, convocar a concursos públicos en todas las reparticiones estatales y habilitar el ingreso masivo de personal a planta permanente mediante bolsas de trabajo convencionales (como el caso de EPEC). En todos ellos, se debe garantizar el ingreso también de personas con discapacidad.

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Hoy, el trabajador activo de Córdoba soporta una carga insostenible.

Con alícuotas que en ciertos casos alcanzan el 26%, el aporte jubilatorio ha dejado de ser una previsión para el futuro y se ha transformado en un mecanismo de recorte salarial encubierto.

Resulta arbitrario e infundado que, en un contexto de alta inflación, el trabajador perciba menos haberes de bolsillo debido a la voracidad recaudatoria del sistema.

La Legislatura de Córdoba, ya sea por iniciativa del oficialismo o de la oposición, tiene la obligación moral de derogar la última ley de incremento de aportes.

No se puede sanear una caja quebrando el bolsillo de quienes la sostienen.

Finalmente, es momento de devolver la Caja a sus legítimos dueños.

Se debe establecer un plazo perentorio para la finalización de la intervención del organismo.

La transparencia en la gestión de los fondos es el primer paso para recuperar la confianza.

La previsión social no es un tema de debate ideológico, sino de supervivencia matemática y justicia social.

Todos, eventualmente, necesitaremos del sistema.

Es hora de pasar de los diagnósticos a las soluciones: más acciones y menos palabras para salvar la jubilación de los cordobeses.

Alicia Lopez (TÉCNICA EN LABORATORIO)

Carlos Emanuel Cafure (ABOGADO)

Trabajadores de EPEC