[Opinión] Las personas con discapacidad sufren discriminación laboral por parte del Estado

Son miles las personas con discapacidad que quieren trabajar y no pueden lograrlo, por culpa de innumerables trabas que encuentran a tales fines, a pesar de integrar uno de los sectores más vulnerables de la población que más protección y acompañamiento deberían recibir desde el Estado Nacional y Provincial en Córdoba, para acceder al derecho constitucional al trabajo.

Escribe: Carlos Cafure (Abogado)

Ambos Estados hace muchos años miran para otro lado, desentendiéndose de esta problemática no atendida aún en forma seria y responsable.

Ciertos gobiernos nacionales y provinciales, hablan de discapacidad y hacen campañas publicitarias solo con fines electorales, pero no ponen en marcha verdaderas medidas para la reinserción social y laboral de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad, tienen garantizado su derecho a trabajar en el Estado y en sus distintas reparticiones, de conformidad con lo estipulado en normativas de índole internacional, de índole constitucional y en leyes específicas sobre esta materia (a pesar de que es el propio Estado como principal empleador, el que no respeta todos estos marcos legales).

A nivel internacional, tiene plena aplicación la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A nivel constitucional, tienen plena vigencia los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, y también los artículos 23, 27 y 54 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

A nivel nacional, tiene vigencia de la Ley N° 25.689, que es modificatoria de la Ley N° 22.431 (denominada de Sistema de Protección General de los Discapacitados).

En la provincia de Córdoba, tiene plena vigencia la Ley provincial N° 5.624 (y modif.), de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para las Personas Disminuidas

A nivel nacional en general, y en la provincia de Córdoba en particular, rige la obligación de cumplir con estos marcos legales indicados y por ende garantizar el ingreso al Estado y a sus distintas dependencias a aquellas personas con discapacidad que así lo soliciten.

¿Alguien sabe cuántas personas con discapacidad ingresaron a trabajar en el Estado Nacional, y cuántas personas con discapacidad consiguieron trabajo en el Estado provincial en Córdoba (y en sus distintas reparticiones) en los últimos 10 años?

Hablamos de personas que ingresaron por cupo laboral para personas con discapacidad, y no de casos de personas que ingresaron por concursos para personas con plenas facultades y que en forma sobreviviente adquirieron alguna discapacidad.

Sí ha habido ingreso de personas sin discapacidad, contratados y pasantes, en distintas reparticiones Estatales en estos últimos años y hasta la actualidad.

¿Acaso todos ellos tienen derecho a trabajar, pero las personas con discapacidad no?

Una sola palabra que resume esto: «DISCRIMINACIÓN».

Frente a estos supuestos, existen marcos legales para frenar estás situaciones irregulares, como por ejemplo a través de la Ley N° 23592 (Actos discriminatorios).

¿Qué hacen al respecto, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba?

¿Qué están realizando para que se cumplan los cupos laborales para las personas con discapacidad?

Si en el Estado (o en sus dependencias) se resuelve que haya ingreso de personal, deberán cumplir con el cupo laboral para las personas con discapacidad, para ajustarse a lo indicado por las Leyes que así lo ordenan.

Es obligación de los Estados nacional y provincial, cumplir con los cupos laborales por discapacidad, pudiendo incurriendo hasta en sanciones civiles y hasta penales, entre otras, quienes así no lo hicieren.

Todos los sectores de la oposición también tienen la obligación de velar para el pleno cumplimiento de estos cupos laborales.

Frente a la violación de derechos constitucionales, siempre existen remedios legales para hacerlos cesar.