[ZOE “Azul”] Cada vez más policías involucrados en estafas financieras

Escribe: Germán Giacchero

La “pata azul” de una de las posibles causas de estafa más grande de todos los tiempos en nuestra región se viene agrandando.

En la mañana del miércoles 9 de marzo, fue detenido Guillermo Ardiles, un cabo de la Policía Federal Argentina que cumplía funciones en la delegación Villa María.

Está acusado de encubrimiento agravado, es decir, por filtrar información confidencial de los allanamientos y operativos judiciales a los cabecillas de ZOE en Villa María.

Pero, no es el único uniformado “infiel” en el caso que presume estafas reiteradas y asociación ilícita en perjuicio de cientos de damnificados en la ciudad, región y otros puntos del país. Tampoco sería el último, según algunos trascendidos en pasillos oficiales.

De los 18 imputados hasta el momento, 5 son policías, Además de Ardiles, se encuentran detenidos otros cuatro agentes de la Policía de Córdoba. Sobre uno de ellos, Natalia Romina Noriega, pesa la misma acusación que el cabo de la Federal.

Los otros tres son Claudia Pereyra, Martín Pereyra y Juliana Bollea. La primera de ellos había sido aprehendida primero, mientras que los otros dos agentes resultaron detenidos poco después, en el inicio de la investigación.

Víctimas y victimarios

Pero, los “azules” no tendrían solo el rol de posibles victimarios, ocupando el papel de los tipos de personas a los que debieran perseguir. Un grueso grupo de policías sería víctima de la estafa que investiga la fiscal Juliana Companys.

Las versiones que ganaron la calle y las redes sociales indican que un gran número de los efectivos que integran la Unidad Departamental Gral. San Martín estarían entre los 800 posibles damnificados, según las cifras difundidas por la fiscal.

Al parecer, posiblemente, por influencia de algunos de sus compañeros hoy tras las rejas. “Hay tres policías detenidos, que habrían sido quienes tentaban a sus propios compañeros, que recibían dinero de ZOE por eso, aun a sabiendas de que estaban engañando a sus propios pares”, declaró Companys a Radio Continental poco después de conocerse las primeras aprehensiones policiales.

¿Habrá más agentes de seguridad de jurisdicción provincial y federal implicados de alguna manera con esta causa que acumula hasta el momento miles de fojas en el expediente, 28 denuncias, 18 imputados, millones de dólares en juego y dos prófugos vip en el exterior, como Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista?

La posibilidad no está descartada. Aunque desde el Palacio de Tribunales de la ciudad prefirieron guardar silencio por el momento.

ZOE Azul

La causa ZOE se tiñó de azul cuando algunos efectivos, quizás, se dejaron tentar por los siderales retornos que proponía el grupo financiero. Imposibles de pagar a largo plazo e inhallables en otras entidades del sistema financiero.

“La tentación era muy grande”, repiten de manera permanente quienes de alguna manera estuvieron ligados a ZOE como inversores, ahorristas, “estudiantes” o participantes de un fideicomiso, como le gustaba decir a Cositorto.

Y, al parecer, la tentación fue grande para otro grupo de policías de la capital provincial que aparecen como víctimas de otro emprendimiento financiero que funcionaba bajo el sistema piramidal.

No había un Cositorto o un clan familiar como los de los Álvarez al frente de esta mesa de dinero. Los organizadores eran en su mayoría policías; las víctimas también.

Siete agentes policiales, un abogado y un contador fueron detenidos el martes en Córdoba en el marco de una investigación por presuntas estafas y asociación ilícita, llevada adelante por el fiscal José Alberto Mana.

En principio, habría más de 30 damnificados por unos 30 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales.  

Los diversos allanamientos se efectuaron en domicilios particulares, estudios contables y dependencias policiales, por caso, Transporte, Armamento y Cabildo, entre otras. Aunque no hay indicios por el momento para asegurar que se trataba de una actividad con cobijo institucional de la fuerza.

Los generosos intereses propuestos, por un lado, y la venta de propiedades y objetos de valor de algunos ahorristas para juntar dinero con la finalidad de invertir en el sistema, por el otro, son dos de las coincidencias con el caso ZOE. Tanto que en el ámbito judicial el caso es denominado “ZOE Azul”.   

¿Cómo operaba esta organización? En los dos primeros meses los organizadores cumplían y pagaban los intereses prometidos. De esta manera, los «inversores» creían en el proyecto y buscaban aportar más dinero o atraer a más personas. Luego, los pagos se hacían de manera intermitente, publicó Cadena 3.

Cualquier semejanza con otras estafas conocidas o bajo presunción judicial, no es una simple coincidencia.

Mientras tanto, ¿Cositorto?

Cositorto, el mentor de ZOE con presunto paradero en algún lugar de Centroamérica, ya deslindó responsabilidades en la familia Álvarez por lo que pasó con la firma en Villa María. Y atribuyó la debacle de su firma a una operación mediática, financiera y política.

Y desde que comenzaron los primeros estallidos, no hizo otra cosa que ponerse en contacto con “su comunidad” para decir que había problemas internos, pero que todo seguía igual que antes o mejor. Con promesas de lanzamiento de nuevas propuestas.

Como “Sunrisecoach”, una nueva plataforma para continuar con los negocios, con la que intenta seducir vía Zoom a los ahorristas y posibles inversores.

Mientras, los actuales ahorristas continúan en la amarga espera por la devolución de los fondos. Algo que posiblemente nunca ocurra. Al menos, en la misma medida que las divinas promesas de ZOE les aseguraron que tendrían.

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Los números de la causa ZOE

Dieciocho detenidos hasta el momento, la mayoría por estafa y asociación ilícita: Norman Próspero, Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján, René Germán Udrizan, Martín Pereyra, Juliana Bolea, Agustín Pereno, Martín Pereyra, Juliana Bollea, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez, Florencia Anahí Álvarez, María Eugenia Garafini (falso testimonio) y Guillermo Ardiles.

Dos personas permanecen prófugas con pedido de captura internacional: Leonardo Nelson Cositorto y Maximiliano Javier Batista.

Dieciocho imputados, veintiocho denuncias y ochocientos damnificados