A 30 años de la explosión de la Fábrica Militar en Río Tercero: tragedia, corrupción y el dolor de una ciudad que hasta hoy sigue latente

Pasaron 30 años. El 40% de los 55 mil actuales habitantes de Río Tercero no habían nacido cuando el 3 de noviembre de 1995 la ciudad vivió el peor día de su historia.

Los riotercerenses podrían dividirse hoy claramente entre los que padecieron aquel trágico viernes y pueden relatar con detalles sus recuerdos de dónde y cómo los tomó la sucesión de explosiones, y los que no estaban ahí y tienen una relación diferente y más distante con el hecho. Esos últimos, en algunos años, serán mayoría.

Ahora, 360 meses después, quedan algunas dudas y unas cuantas certezas sobre aquella tragedia. Una evidencia, con varios fallos judiciales que la avalan, es la vinculación directa entre las maniobras de contrabando de armamentos perpetradas por el Estado argentino entre 1991 y 1995 y ese bombardeo que, sin estar en guerra, sufrió Río Tercero.

Las explosiones no empezaron el 3 de noviembre de 1995: su trama tiene como antecedente la zaga de corrupción que envolvió las exportaciones ilegales a Croacia y a Ecuador en aquellos años, usando a la empresa estatal Fabricaciones Militar como centro operativo, en decisiones negociadas entre sectores del poder y del tráfico de armas.

Sin esas ventas ilegales de armamento no había tragedia en 1995 en Río Tercero: esa es una evidencia.

Un solo dato alcanzaría para constatar esa conclusión: lo que le explotó a Río Tercero –matando a siete personas, hiriendo a más de 300 y destruyendo cientos de inmuebles– fue, en gran parte, un embarque de proyectiles de guerra que se preparaba para exportar a Croacia, y alimentar la guerra que ese país del este europeo disputaba con Serbia.

Era el octavo cargamento a ese país en ese mecanismo clandestino que sus autores llamaron “Operativo Ejército Argentino”. Y el cuarto que hubiera salido directamente de la Fábrica Militar de Río Tercero hacia los puertos con ese destino bélico. Pero ese embarque nunca fue.

Diez meses antes, en marzo de 1995, detonaba un principio de escándalo: medios periodísticos porteños daban cuenta de las primeras versiones de maniobras ilegales del Estado argentino para vender armas a Ecuador. En pocos días, se sumaron similares rumores de ventas a Croacia. Esa situación motivó que se presentara la primera denuncia a la Justicia para que investigue la veracidad de esos datos.

Desde algún despacho de poder, en Buenos Aires, se decidió paralizar todo lo que se había ordenado. O, al menos, no apurarlo.

El embarque que se paró cambió el destino: esas bombas no explotaron en Croacia sino en la ciudad cordobesa donde se alistaban y guardaban.

La causa judicial por la venta ilegal de armas llegó a juicio en Buenos Aires. En 2013, el expresidente Menem, y 11 funcionarios y directivos y mandos medios de la estatal Fabricaciones Militares terminaron condenados por contrabando. Era el delito menor que se les imputaba, porque por asociación ilícita quedaron sobreseídos.

En esa causa judicial fueron cruciales las decenas de testimonios de los empleados de la Fábrica Militar de Río Tercero, que contaron los viajes a unidades del Ejército a los que los mandaron a retirar armamento, los operativos de “maquillaje” de cañones, obuses y proyectiles, y los embarques de ese material al exterior, en operativos secretos pero plagados de desprolijidades.

Gentileza: La Voz del Interior