Juzgados de Faltas de Córdoba y “delitos” viales: multas extorsivas, agentes recaudadores y Estado ausente

Escribe: Román Cavaglia (*)

Los Juzgados de Faltas de Córdoba tienen la particular forma de concebir un delito el viajar con una luz baja quemada mientras no considera una falta la «desidia de funcionarios públicos que no arreglan las rutas».

Anualmente mueren según Organizaciones No Gubernamentales como Luchemos por la vida alrededor de 6.600 personas en accidentes de tránsito en la República Argentina, gran porcentaje de ellos son producto del mal estado de las rutas.

El propio ministro bonaerense Sergio Berni explicó semanas atrás que el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, falleció como consecuencia del “aquaplaning” que produjo su vehículo producto del estancamiento de agua en la carpeta asfáltica.

También los baches en las rutas producen cientos de muertes por accidentes frontales de vehículos, además de generar las quemaduras de focos, motivos por el cual el propio Estado condena a la víctima en vez de al verdadero responsable, que es el sujeto mayor de acción ejemplificadora: El Estado.

El ejemplo debería partir del Estado en cualquier sociedad normal.

Rutas rotas, carpetas asfálticas resquebrajadas, pasos a nivel de ferrocarril donde hay que frenar a cero, señalética vial ilegible, rutas despintadas, banquinas con yuyos de más de un metro son «paisajes» habituales de las rutas en las que viajamos en el interior del país.

Los organismos de control, lejos de presionar para que el viaje sea seguro, presionan a los usuarios cobrando multas pseudo-extorsivas.

En casos puntuales, el Estado se comporta como un padre alcohólico y violento que le pega a su hijo porque dijo una mala palabra. Lejos de ver su propio error, proyecta su inoperancia hacia los más débiles.

¿Cómo es posible que una curva como la “S”, que une Corral de Bustos (Córdoba) con Chañar Ladeado (Santa Fe), considerada una de las más peligrosas que hay en un radio de 100 kilómetros a la redonda no tenga guardarraíl? Solo por citar un ejemplo.

¿Cómo es posible que el cruce entre Camilo Aldao y Corral de Bustos no tenga un carril en el medio, como cualquier cruce de ruta perpendicular tiene en cualquier lugar del mundo?

Los ejemplos se repiten. No importa la geografía. No importa el gobierno de turno. No importa cuándo se lea este texto. La mayor parte de las rutas no son seguras. Y la presión va para un solo lado: para el infractor, intencional o no.

La clase judicial

Algunos juzgados, como el que funciona en Los Surgentes (Córdoba) a cargo del Juez Diego Alejandro Morón, parecen estar abocados a ser meros agentes recaudadores, que financian sus propios autos de alta gama que luce la «acomodada» clase judicial del Estado, en vez de proteger a la gente trabajadora que utiliza la ruta como medio de transporte, con el riesgo que esto implica.

¿No es un delito ser funcionario público, cobrar cientos de miles de pesos en sus cajas de ahorro y no ejecutar las obras básicas necesarias para que no muera la gente en las rutas?

La ajustada situación económica de la gente trabajadora que viaja para poder sostener su economía diaria, no puede solventar los lujos de una clase judicial que juzga al delito vial casi como un capricho.

Lejos de ser objetivamente un orden de control corrector de malas costumbres, pareciera ser un agente recaudador que sostiene los lujos y placeres de la vida cotidiana de la clase dirigente.

(*) Periodista