[Opinión] Punto de quiebre: Un llamado a la memoria y la acción ciudadana

​La Argentina atraviesa un proceso acelerado de desarticulación económica, social y soberana.

Escribe: Abogado Carlos Cafure

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el país asiste a un esquema de ajuste implacable orientado a desmantelar la estructura histórica del Estado nacional y las garantías básicas del tejido social.

​El impacto sobre las grandes mayorías populares resulta demoledor.

La reforma laboral ha debilitado de manera drástica las conquistas históricas de la clase trabajadora, sometiéndola a una precarización galopante.

En paralelo, el ajuste sobre el sistema previsional condena a las personas jubiladas a haberes desactualizados, mientras la respuesta estatal frente al justo reclamo en las calles se reduce a la represión sistemática de cada miércoles.

De modo semejante, el recorte presupuestario a las pensiones no contributivas e insumos básicos vulnera los derechos más elementales de las personas con discapacidad.

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Este repliegue del Estado social se complementa con la asfixia deliberada a la industria nacional y a la ciencia local, cediendo terreno estratégico a intereses del capital concentrado.

El alineamiento en materia exterior con Estados Unidos y al sionismo, sumado a sectores del poder financiero y empresarial, refleja una sumisión que amenaza los valores patrios.

La reciente intención de habilitar la compra masiva de tierras por parte de firmas extranjeras reaviva los riesgos de una fragmentación territorial, un escenario de balcanización que pondría en jaque la integridad misma de la República.

Resulta imperioso exigir una profunda reflexión colectiva y una postura firme para poner un límite a este deterioro institucional uniéndonos como pueblo.

El Poder Legislativo debe responder a la demanda del mandato popular e impulsar formalmente los pedidos de juicio político contra el Poder Ejecutivo actual.

El mal desempeño de las funciones y el desatendimiento de las garantías constitucionales, representan causales suficientes para que los representantes de la Nación actúen de inmediato, sino serán cómplices de todo esto también.

​Es fundamental que la Justicia actúe con celeridad e independencia durante la vigencia del actual mandato, procesando y juzgando cualquier irregularidad o conducta fuera de la legalidad de forma oportuna, y no cuando las consecuencias sean irreparables.

​Un país no puede sostenerse sobre la base del desamparo de sus sectores más vulnerables, ni sobre la cesión de sus recursos soberanos.

Defender la soberanía, a sus trabajadores y la dignidad de su pueblo no es una opción ideológica: es un deber republicano y patriótico urgente.