La oscura trama de la prostitución de menores: Los abusos serían de larga data

Escribe: Carolina Durand

La causa por presuntos delitos de “explotación a la prostitución” y “corrupción de menores” con fines económicos en Villa Nueva, que tiene a su cargo el fiscal René Bossio, continúa con tres detenidos hasta el momento.

En una primera instancia, tras la detención de los sujetos, el fiscal informó a la prensa que, “el hecho vendría sucediendo hace un año”.

Sin embargo, numerosos son los indicios que la vulneración de derechos hacia estas (hoy) adolescentes, data de más de una década.

Instituciones que debieron intervenir por irregularidades y disfuncionalidad familiar, dan cuenta de que, las lagunas de la ley, no solo aparecen en las leyes escritas, sino en la práctica también.

Una niñez corrompida que habría empezado con las hermanas que hoy son mayores de edad.

Hace una década atrás, las hermanas (hoy mayores de edad) de las niñas apartadas de su progenitora (por “explotación a la prostitución” y “corrupción de menores”), cursaron parte de su primaria en la escuela Bartolomé Mitre.

“No logramos apoyo”

Alejandra Caula, actual directora del colegio Paraguay en Villa María, directora de la escuela Mitre en el 2006, en diálogo con este medio, recordó que, por aquel entonces, “sus asistencias eran intermitentes”.

“Eso nos hizo poner especial atención y foco sobre su situación. Dimos aviso para que intervengan trabajadoras sociales del municipio y el área de desarrollo social. Eran niñas muy inteligentes, pero seguir una línea de trabajo pedagógico y de contenido era muy difícil”, reveló.

Y agregó: “Notificamos a su madre y a su padre biológico (separados) por las inasistencias, pero no logramos un apoyo constante”.

“En una ocasión logramos citar al padre, pero nos dijo que la tenencia la tenía la madre. Ellas iban al Paicor, se les entregaban módulos. Una vez fui en persona al barrio Residencial América a golpear la puerta de su casa por las inasistencias, pero nadie nos atendió”, recordó la docente.

Otra área que sospechaba de una infancia critica para las niñas en aquel momento y que debió intervenir ante el pedido de la escuela en reiteradas ocasiones fue Desarrollo Social. En esa época, no existía la división interna de la dependencia como ocurre hoy.

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“No se pudo certificar los abusos«

Marcos Sánchez, actual director de Niñez, Adolescencia y Familia, expresó respecto a la causa que “desde el área local, el mismo día que ingresó la denuncia por abusos, nosotros comparecimos en la Comisaría para acompañar a la menor”.

“Años atrás, se presumía esta irregularidad u omisión por parte de la madre de cumplir su rol, pero nunca se pudo comprobar nada de lo que se decía. Siempre se trabajó con la SENAF coordinadamente porque su madre siempre manifestó que cuidaba sus hijas, demostró y certificó que sus hijas iban a la escuela”, relató.

“Desde nuestro lugar, nosotros empatizamos con la situación y siempre pusimos a disposición los recursos que teníamos, para contener a las niñas en la escuela, en salud, en educación”, acotó.

“Nosotros intervinimos cuando una de las niñas quedó embarazada a los 12 años (hoy, mayor de edad). Yo estaba en área de Salud y cuando la escuela presume una situación de embarazo nos da aviso para hacer un seguimiento. Trabajamos de manera integral, con la Secretaría de Desarrollo Social y de Salud, pero nunca se corroboró ni se pudo certificar lo que se decía de los abusos. No dieron cuenta desde su entorno familiar de una denuncia”, explicó el funcionario.

Sánchez también reafirmó los dichos de Caula, al aseverar que debieron trabajar en reforzar vínculos con el padre biológico de las niñas “porque no era un padre presente”.

“Nosotros garantizamos los derechos de los niños, pero, cuando la familia presenta disfuncionalidades, se lidia con la escuela, la sociedad, la inclusión y todas las instituciones que las interpelan”, manifestó.

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“Estos casos son muy comunes”

Una trabajadora social que en aquel entonces intervino y trabajó en el caso de estas niñas aseguró que existen expedientes que dan cuenta del proceso realizado.

“Nosotros trabajamos en red con la institución educativa Mitre, porque las niñas no asistían con regularidad a clases. Se presentó un informe detallado y minucioso sobre estas menores, se elevó a los Tribunales de Villa María, y fueron muchos informes los que, acompañaron la causa”, comentó la profesional.

“Nuestro trabajo llega hasta esa instancia desde lo profesional, pero en cada caso de esta índole, más allá del proceso administrativo, es imposible no involucrarse y esperar que la Justicia actúe. La Justicia debió avanzar, investigar, actuar de oficio”, remarcó.

“Estos casos son más comunes de lo que la gente sabe o supone, son de instancia privada y los procesos son lentos, pero eso no quita que pase”, advirtió la trabajadora social.

“Hay una cultura del ‘no me meto, lo sé, lo veo, pero no me meto’. Cuando un caso se hace público, todos tienen información de larga data”, enfatizó.

Si bien la causa actual, por la que están imputados los detenidos es “explotación a la prostitución” y “corrupción de menores, la Justicia aún tiene varias lagunas de la ley por sortear, ya que, esto no debió pasar desapercibido por delante de los ojos de las instituciones a cargo, por quienes velan por los derechos de los niños, por quienes tienen una responsabilidad ante la ley.

¿Dónde están esos expedientes? ¿Quién los recibió, quién les dio curso? ¿Quién los firmó? ¿Servirán de agravantes?  ¿Aparecerán, y con ellos sus responsables? ¿No se pudo hacer nada?

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