[Miradas] Sentencias mediáticas y verdades a medias: Las opiniones son libres, los hechos son sagrados

En el escenario público, las denuncias de corrupción se han transformado en un verdadero fenómeno. Lo que en un principio puede ser una simple duda o un rumor, escala con rapidez hasta convertirse en una verdad irrefutable, una certeza que no admite discusión. Así, las sospechas iniciales se visten de hechos consumados, y las interpretaciones personales de los procedimientos adquieren el peso de pruebas definitivas.

Escribe: Félix Vera

Este es el marco en el que se desarrolla un drama donde la moralidad asume el rol de juez supremo, incluso antes de que la justicia formal pueda expedirse.

El punto central no es negar la existencia de la corrupción, que es un problema real y persistente en nuestras sociedades. La cuestión radica en la dramatización y la sobreactuación constante que rodea cada acusación.

El debate se tiñe invariablemente de un discurso moral inflexible, donde el bien y el mal se presentan sin matices, en una polarización absoluta. En esta narrativa, el denunciante es elevado a una figura casi intocable, un héroe justiciero que irrumpe para combatir el mal. Su papel se glorifica a tal punto que se le exime automáticamente de cualquier posible interés oculto o de ser parte de alguna estrategia. Su voz, investida de una autoridad moral incuestionable, resuena sin dar espacio a la duda.

Esta dinámica, sin embargo, nos enfrenta a una profunda fisura en nuestra estructura social. Nos hemos habituado a una forma de operar donde pocos se detienen a examinar qué motivaciones subyacen detrás de la visibilidad de ciertos casos.

La pregunta fundamental «¿existen pruebas suficientes para una condena judicial o basta con una condena mediática?» parece desvanecerse en el fervor del escándalo. En el 99% de los casos, la sentencia dictada en el tribunal de la opinión pública resulta ser tan demoledora, o más, que cualquier veredicto judicial.

Aquí emerge la verosimilitud, esa apariencia de verdad que cautiva más que la complejidad de los hechos. Un relato conspirativo, con sus antagonistas claramente definidos y sus «revelaciones» impactantes, se difunde y se asimila con una fuerza sorprendente, ya que ofrece una narrativa simple, entretenida y cargada de emociones, que conecta con nuestras ideas preconcebidas y sesgos.

Si una historia se alinea con la noción de que «el poder es inherentemente corrupto», tiende a ser aceptada como verdadera sin un análisis exhaustivo. La emoción suele prevalecer sobre la razón, y el dramatismo eclipsa la necesidad de pruebas.

El sesgo de confirmación contribuye a este proceso, llevando a quienes reciben la información a buscar y aceptar únicamente aquello que valida sus creencias iniciales, desestimando cualquier evidencia contradictoria.

Los medios de comunicación, en este esquema, no son meros difusores de información. También operan bajo una lógica empresarial donde la noticia, como cualquier otro producto, debe generar interés y rentabilidad.

Una denuncia con gran potencial de escándalo es sumamente valiosa en términos de audiencia y visibilidad. La oportunidad de ser el principal vehículo de una historia con gran repercusión puede priorizarse por encima de la rigurosidad periodística y de la verdad, así, la mercantilización de la información impulsa a enfocar la atención en el impacto inmediato, más que en la verificación, transformando al medio en un amplificador de la narrativa moralizante, en lugar de un examinador crítico.

En esta carrera por la atención, la verdad factual a menudo queda relegada, mientras la «verdad» mediática se consolida en la percepción pública.

Lo llamativo es que esta lógica de la «oportunidad» también funciona a la inversa. Cuando las pruebas son irrefutables —documentos, fotos, videos, testimonios directos— y evidencian un acto de corrupción o irregularidad que no conviene exponer a ciertos intereses, puede producirse un silencio mediático ensordecedor.

La misma maquinaria que amplifica el rumor, es capaz de ensordecer la evidencia contundente, si esta no es funcional a su agenda o a la lógica del espectáculo que busca.

Y hay un punto más: cuando un caso de corrupción, que ya ha sido ampliamente ventilado y sentenciado por los medios de comunicación con una difusión masiva, llega a la esfera judicial, el resultado suele pasar desapercibido si no confirma la condena mediática.

Si la justicia se expresa, a menudo tras años de investigación, declarando que las pruebas aportadas no son suficientes para corroborar un delito o que simplemente no existen, esa sentencia judicial raramente ocupa los mismos titulares o recibe la misma atención.

A los medios parece no importarles, porque la «noticia» ya es vieja, ya se consumió, y su impacto ya se midió en audiencia. De esta forma, los medios se desprenden de la responsabilidad por la «sentencia» mediática que indujeron a dictaminar, delegando implícitamente al público la tarea de reconciliar la verdad judicial con la narrativa mediática preestablecida.

Lo que queda claro, es que, en muchos casos mediáticos, la verdad no importa, porque lo que importa es lo que diga lo que nosotros creemos que es verdad.