[Opinión] La trampa de cambiar salario por derechos es un fraude laboral

En el complejo escenario económico de la Argentina actual, donde la inflación erosiona diariamente el bolsillo de la clase trabajadora, las paritarias han dejado de ser una instancia de mejora para convertirse en una recomposición salarial de supervivencia.

Bajo este pretexto de «necesidad», algunos sectores empleadores han comenzado a desplegar una maniobra perversa: ofrecer aumentos a cambio de la eliminación de derechos convencionales o estatutarios.

Lo más alarmante no es la ambición del capital, sino la claudicación de ciertas organizaciones sindicales.

Es inadmisible que existan dirigentes con la caradurez de actuar como emisarios de las empresas, trasladando a las bases propuestas que implican una poda de conquistas históricas.

Poner a consideración en asamblea la renuncia a un derecho no es ejercicio democrático; es una traición a la esencia misma del sindicalismo.

En Argentina, los derechos laborales son irrenunciables. Este principio fundamental establece que cualquier acuerdo entre partes que implique la pérdida de beneficios adquiridos es nulo de nulidad absoluta.

No importa si el sindicato firma o si la asamblea vota bajo presión: la ley protege al trabajador de su propia vulnerabilidad frente al empleador.

Cualquier pacto que pretenda canjear salario por la quita de derechos es susceptible de ser impugnado ante la Secretaría de Trabajo y en la Justicia mediante recursos de amparo.

Estamos ante acciones que vulneran el principio de progresividad laboral, el cual exige que las condiciones de trabajo siempre mejoren o se amplíen, prohibiendo taxativamente la regresividad laboral.

Las acciones definen a las personas y a las instituciones. Aquellos gremios que se prestan a estas maniobras «cuasi mileistas» de desguace laboral olvidan que los derechos que hoy pretenden subastar costaron persecución, cárcel y, en muchos casos, la vida de trabajadores y dirigentes honestos.

No se negocia lo que nos pertenece por ley. La recomposición salarial corresponde por derecho ante la pérdida del poder adquisitivo; no es un «favor» del empleador que deba pagarse entregando el convenio colectivo.

Como trabajadores, debemos mantener la guardia alta.

Un sindicato que no rechaza de cuajo la sola idea de retroceder en conquistas laborales ha dejado de representar a sus afiliados para convertirse en la oficina de recursos humanos de la patronal.

En materia de derechos, el camino es solo hacia adelante.

¡Ni un paso atrás!

Alicia del Valle López (Técnica en Laboratorio)

Carlos Emanuel Cafure (Abogado)

Trabajadores de la Epec